SAN DIEGO.- A las recientes balaceras ocurridas en la frontera y que ya representan un saldo trágico, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tendrá que hacer frente a nuevas demandas.
A través de la representación legal de la organización American Civil Liberties Union Border (Unión Civil Americana de Libertades Fronterizas), una nueva demanda contra procedimientos de CBP fue interpuesta ante la Corte Federal el miércoles 24 de octubre por los activistas Christian Ramírez y Ray Askins, un ciudadano estadounidense quien vive en Mexicali, Baja California, México.
De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por ACLU, la demanda antepuesta contra la agencia federal se debe a su “política y práctica de prohibir el uso de cámaras y video de grabación cerca de los puertos de entrada, lo cual es inconstitucional”.
La organización activista recordó que en incidentes ocurridos por separado, a Ramírez y Askins se les decomisó el equipo de grabación y se borró el material de video que habían tomado.
En el caso de Ramírez, quien es director de Coalition of Communities South of the Border (Coalición de Comunidades del Sur de la Frontera), se indica, fue arrestado en julio del año pasado en el momento en que grababa (en la garita de San Ysidro) un video de una mujer cuando la misma era exculcada por un agente fronterizo.
Askins, un miembro de la organización internacional “All Voices”, por su parte, se afirma que cuando le detuvieron, le decomisaron y borraron el material de video cuando filmaba la revisión que agentes llevan a cabo a vehículos en inspección secundaria, debido al impacto ambiental a causa del prolongado tiempo de revisión de los autos , se genera al medio ambiente fronterizo.
En la demanda colectiva se responsabiliza de ambos incidentes al Departamento de Seguridad Nacional y los directores de los puertos fronterizos de San Ysidro y Caléxico, Frank Jaramillo y Billy Whitford, en la misma se afirma que la demanda se interpone buscando resarcir el daño causado a las víctimas.
Entrevistado por El Latino de San Diego, Cristian Ramírez indicó que la demanda la interpuso partiendo de la facultad constitucional que las organizaciones y los medios de comunicaciones tienen a la libre expresión garantizada en la primera y cuarta enmienda constitucional.
Además es un hecho, agregó, que existe una historia de abusos por parte de los agentes fronterizos en contra de los derechos humanos y garantías individuales de la población civil.
Recordó que la agencia tiene 6 meses para responder a la demanda “y mientras tanto continuaremos trabajando y reportando estos casos de denuncia que afectan a la población de ambos lados”, indicó el activista.
Horacio Rentería
Ellatinoonline.com