SAN DIEGO.- Los agentes del Alguacil de San Diego ya no podrán arrestar más a las personas por razón de su estatus migratorio, confirmó el jefe del Departamento del Sheriff de San Diego, Bill Gore.
El funcionario policiaco dijo que con ello se cumple con la orden girada después del reciente fallo de los tribunales que determinó que una cárcel local violó la Cuarta Enmienda de la Constitución, al acatar solicitudes de detención sin existir causa probable o una emitida por los tribunales.
En el pasado reciente, organizaciones defensoras de los derechos humanos de los inmigrantes como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), American Friends Service Committee (AFSC) y Alliance San Diego, entre otras, han cuestionado la colaboración que agentes policiacos ofrecen a la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, en el arresto de indocumentados.
Y al firmar el gobernador de California, Jerry Brown, el 10 de julio del año pasado la llamada Acta de Confianza (Trust Act), se debilitó el programa federal “Comunidades Seguras”, que ha sido cuestionado por los gobiernos locales.
De acuerdo con ACLU San Diego, el anuncio del alguacil también surgió a raíz de la aprobación en California de la Ley TRUST, “una histórica ley diseñada para reducir las deportaciones y la ruptura de familias y para restaurar la confianza en las agencias de la ley locales”.
Indica en este sentido la organización que “la ley TRUST establece claros estándares para determinar cuándo las agencias de la Ley locales deben acatar las órdenes de arresto emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), prohibiendo la detención de inmigrantes indocumentados, para ser deportados, en el caso de infracciones menores”.
Aunque en California, las recientes medidas tienden a flexibilizar ciertas medidas de aplicación de la ley de inmigración, en el estado de Arizona el jefe del Departamento del Alguacil, Joe Arpaio, continúa sin acatar las órdenes de que el mismo no intervenga en el arresto de indocumentados ni colabore en la deportación de los mismos.
Para Homayra Yusufi-Marin, defensora de Políticas de la ACLU en los Condados de San Diego e Imperial, “este es un importante cambio en las políticas y una gran victoria para nuestras comunidades, algo por lo que nuestros defensores han luchado desde hace años”.
Y subrayó: “aplaudimos la acción del Alguacil Bill Gore que reconoce la importancia del debido proceso y de la igualdad bajo la ley, principios básicos de nuestro sistema de justicia; este es un paso más en el camino hacia la reforma de nuestro quebrantado sistema de inmigración que promueve la confianza entre las comunidades inmigrantes y las agencias de la ley locales”.
Conforme a la ley federal, corresponde a las agencias federales (ICE) y Patrulla Fronteriza investigar y en su defecto, arrestar a presuntos indocumentados, pero la deportación sólo se dará mediante la orden de un juez de inmigración, y hasta ahora corporaciones como el Departamento del Sheriff y de Policía, sólo podían “colaborar” con las primeras.
No obstante, en la práctica esta disposición no se cumple, y suele quedar sujeta al ‘criterio’ de los oficiales, por lo que muchas personas son deportadas, sin observar el debido proceso legal.
Horacio Rentería
Ellatinoonline.com