El gobernador de California, Jerry Brown, otorgó el perdón a tres mexicanos que fueron soldados estadunidenses y después de ser dados de baja con honores se encuentran en Tijuana, deportados por distintos motivos.

El mandatario estatal reconoció en su perdón cuando las fuerzas armadas estadunidenses reclutaron a los tres ahora perdonados, les habían prometido darles la ciudadanía estadunidense, y en cambio fueron expulsados del país.

El gobernador, un antiguo seminarista, dijo que tomó su decisión en el fin de Semana Santa.

Los tres exmilitares perdonados en California son Héctor Barajas, el fundador del refugio para soldados deportados en Tijuana y ex efectivo de la 82 brigada helitransportada del ejército estadunidense; y para Erasmo Apodaca y Marco Antonio Chávez Medina.

Los tres habían concluido sus carreras militares con honores, pero cometieron distintas faltas y como eran residentes legal, no ciudadanos estadunidenses, al terminar de cumplir sentencias les aplicaron leyes federales de 1996 y fueron deportados a México.

El gobernador enfatizó que, por lo menos a los tres exsoldados que perdonó, las fuerzas armadas estadunidenses les habían prometido encargarse de su proceso de naturalización, es decir que cambiaran su condición migratoria de residentes legales a ciudadanos estadunidenses, pero el Pentágono incumplió el compromiso.

“Estas personas reportan que fueron dados de baja con honores y se les prometió la ciudadanía estadounidense por su servicio, pero fueron deportados después de cumplir sus penas por delitos cometidos después de su servicio militar”, informó el gobernador en comunicado.

La noticia fue informada primero que a la prensa al coordinador de “el bunker” de Tijuana, el refugio de soldados, Héctor Barajas, quien reaccionó con júbilo.

Barajas dijo desconocer el impacto legal que podría tener la decisión del gobernador de California, pero dijo esperar que influya para que el gobierno federal también les otorgue un perdón.

“No tengo palabras para describir la alegría que siento este día”, dijo Barajas en inglés, y continuó en español, “le doy gracias a Dios y gracias también al gobernador Brown y a todos aquellos que han abogado por nosotros, los veteranos deportados”.

Nathan Fletcher, un político de San Diego que preside la Coalición de Exmarines Veteranos de Combate, cruzó la frontera y fue quien comunicó a Barajas por teléfono con el gobernador para que Brown informara personalmente al coordinador de los soldados deportados.

“La histórica decisión del gobernador Brown da esperanza a centenares de exsoldados que a pesar de haber sido deportados mantienen fidelidad por la bandera pro la que pelearon”, dijo Fletcher.

La esposa de Fletcher, la diputada estatal de California, Lorena González, presentó este mes una iniciativa que, de aprobarse, financiará por parte del estado asesoría y defensa legal para los excombatientes que hayan sido deportados de California después de terminar su servicio militar en Estados Unidos.

El perdón estatal no permite a los soldados regresar a California, a solo dos kilómetros de distancia de su refugio, porque la frontera la resguarda el gobierno federal, que fue el que deportó a los veteranos de guerra.

Sin embargo, la decisión de Brown sienta un precedente para que los tres puedan volver a las áreas de California donde crecieron.

Barajas, por ejemplo, nació en Zacatecas, peo creció desde niño en el área de Los Ángeles.

De acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu) en México, en su mayoría en Baja California, hay todavía otros 56 exmilitares con antecedentes similares a los tres perdonados este fin de semana que podrían ameritar perdón.

La abogada Jennie Pasquarella, directora de los inmigrara de los derechos de los inmigrantes en California por parte de la Aclu, elogió la decisión del gobernador y dijo a los soldados deportados se les ha condenado, por faltas menores, a situaciones similares a la cadena perpetua, al alejarlos para siempre de sus familias y del país por el que pelearon y consideran suyo.

“Con estos perdones, el gobernador Brown ha puesto fin a la sentencia de cadena perpetua, de destierro que estos hombres han sufrido todos los días desde que fueron deportados”, dijo Pasquarella.

Agregó que los tres perdonados “hace mucho tiempo pagaron por sus errores, pero su deportación ha sido el peor precio de todos, ya que han sido permanentemente separados de sus familias y del único país que conocían”.

Estos indultos abren un camino histórico para que estos veteranos estadounidenses regresen a California como ciudadanos naturalizados o residentes legales permanentes, dijo la abogada.

Aunque la Administración federal de apoyo a Veteranos y la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) mantienen beneficios e intención de ayuda a los veteranos deportados, el Departamento de Seguridad Interior (HSD), que es el que los deportó, les impide volver a Estados Unidos.

Actualmente, la única forma legal que los veteranos tienen de volver al país en que crecieron es que, al morir en el extranjero, sus restos sean traídos para ser sepultados en Estados Unidos.

Manuel Ocaño