La administración del presidente Donald Trump violó el derecho internacional al ignorar una demanda de los familiares del mexicano Anastasio Hernández ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), advirtió una abogada que representa ese caso.

“La denuncia contra Estados Unidos es una acusación muy seria, porque implica que el gobierno estadunidense no solo mató extrajudicialmente a Anastasio Hernández, y luego se negó a investigar el asesinato, y no solo se negó a investigar al no actuar, sino también al ocultar y destruir evidencias”, declaró la abogada Roxanna Altholz.

El gobierno tenía hasta el jueves como plazo para responder a la demanda que interpusieron los familiares de Anastasio Hernández.

Esta es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos está acusado por una ejecución extrajudicial de parte de oficiales fronterizos.

La demanda dice que Anastasio Hernández fue torturado y golpeado hasta que falleció.

Altholz, de Derecho Internacional de la escuela de leyes de la Universidad de California en Berkeley (UCB), dijo que es una violación de Estados Unidos a las leyes internacionales y una acción sin precedentes.

Estados Unidos ha participado en audiencia en docenas de casos de otros países en las últimas décadas en la misma comisión, explicó la abogada.

Ahora que se le sienta en el banquillo de los acusados por la muerte de Hernández Rojas, a quien mató a golpes y con repetidas descargas eléctricas una docena de oficiales fronterizos en San Ysidro, Estados Unidos simplemente ignora en caso, lo que tendrá un costo político.

La abogada explicó que la demanda exige que el gobierno de Estados Unidos compense a los familiares de Anastasio Hernández –su viuda y cinco hijos estadunidenses–, y que imponga medidas para asegurarse de que este tipo de violaciones no vuelvan a ocurrir.

El director de Derechos Humanos de Alianza San Diego, Christian Ramírez, dijo por su parte que el caso de Hernández resquebrajó la credibilidad de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con evidencias, pero el gobierno de Estados Unidos ha preferido cerrar el caso y permitir que los doce oficiales que mataron a Hernández Rojas continúen en sus puestos.

Denunció que esa actitud es parte de una militarización de la frontera.

La abogada Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alianza San Diego, la organización que ayudó a interponer la demanda, racapituló que el caso de Anastasio Hernández estuvo plagado de irregularidades desde el principio por parte del gobierno estadunidense.

Recordó que la investigación sobre el caso fue retardada durante meses y solo los medios de comunicación indagaban lo sucedido, y que cuando el gobierno por fin investigó le tomó cinco años y medio decidir que no había suficientes pruebas para juzgar a los agentes que participaron en esa muerte, pese a las evidencias filmadas y testimonios.

Esas evidencias sí serán aceptadas ante la comisión y, de continuar, también ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Las pruebas incluyen videos que fueron tomados con celulares en mayo del 2010 y testimonios de testigos presenciales de la muerte de Anastasio Hernández, así como los resultados de la autopsia del médico forense de San Diego que indicaron que su muerte fue un asesinato.

“Sería vergonzoso que Estados Unidos diera la espalda a una de las organizaciones de derechos humanos más importantes de las Américas”, explicó la abogada Altholz.

De acuerdo con Guerrero, “este es uno de los casos más flagrantes de muerte, abuso e impunidad de agentes fronterizos, y esperamos que el gobierno se presente y explique por qué no se responsabilizó a nadie por ese asesinato brutal y sin sentido”.

Pero los videos muestra la verdad: nos muestra a doce agentes fuera de control que están torturando, electrocutando y golpeando a un hombre que está esposado y boca abajo en el suelo, dijo la abogada Altholz.

Manuel Ocaño

Ellatinoonline.com