La señora Teresa García dice que pudo dormir al saber que está libre de que en cualquier momento llegaran a ordenarle que desaloje su vivienda en Tucson, o que agentes del sheriff sacarían sus cosas a la calle y ya no la dejarían regresar.
“Desde que comenzó la pandemia, para mí ha sido muy difícil”, dijo la señora en charla telefónica con El Latino.
“Tenía un trabajo de medio tiempo con que cubría la mayoría de los gastos fijos, y me ayudaba limpiando casas, pero el trabajo cerró y las casas escasearon, así que vengo arrastrando deuda del departamento desde el año pasado”, explicó.
La madre de dos niñas de 6 y 8 años teme que la echen a la calle y carece de recursos para volver a rentar.
“No hemos dormido bien, ni hemos estado en paz por esta situación; temo que encima nos vamos a enfermar por el estrés”, confesó.
La señora mexicana naturalizada estadunidense es una de once millones de inquilinos que se retrasaron en pagos de rentas en lo que va de la pandemia y enfrentan posibles desalojos, de acuerdo con cifras de la Oficina del censo.
El mayor riesgo fue el último día de julio, cuando terminó una moratoria nacional que el Centro federal para el Control de las Enfermedades (CDC) había decretado para evitar que millones de personas quedaran sin hogar y pasaran a engrosar la lista de indigentes en albergues o refugios, donde, en hacinamiento, los contagios pudieran dispararse.
Entre el 1 y el 3 de agosto, unos cuatro millones de inquilinos, en su mayoría latinos y en menos cantidad afroamericanos, enfrentaron potenciales desalojos, de acuerdo con un cálculo de la Oficina del Censo.
El CDC terminó con aquella prohibición de desalojos, pero el 3 de agosto giró una nueva orden que prohíbe echara de las viviendas a las familias que se han visto imposibilitadas de pagar rentas atrasadas o mudarse.
Pero el respiro es por solo dos meses, vence el 3 de octubre y beneficia todos los condados con altos índices de contagios, ahora pro la variante Delta, que son cerca del 90 pro ciento del territorio nacional, incluidos San Diego, Phoenix y Tucson.
Mientras tanto, las asociaciones de propietarios de unidades en renta ya presentaron de inmediato demandas contra el gobierno federal y exigen indemnizaciones, pues son cobrar las rentas, muchos se han atrasado en pagos de hipotecas o han tenido que pedir préstamos con intereses para salir a flote al no contar con las rentas que deben sus inquilinos.
Cuando la pandemia llevó al desempleo a cerca de 30 millones de estadunidenses, Trump se basó en una recomendación del Centro nacional para el Control de las Enfermedades (CDC) para ordenar que se detuvieran los desalojos por falta de pagos de vivienda, pues podrían exacerbar la pandemia.
La universidad de California en Berkeley advirtió que la solución ya no puede ser que los propietarios de unidades de renta asuman la deuda de sus inquilinos, pues la mayoría ha tenido que pedir préstamos para sustituir los ingresos que debieran tener por la renta de sus propiedades.
Sin embargo, para la Casa Blanca es una situación que prevenirse.
En febrero la administración del presidente Joe Biden autorizó fondos por $46,500 millones de dólares para ayudar a inquilinos atrasados en pagos por la pandemia, y de ese dinero se ha utilizado cerca del 10 por ciento.
La mayoría de los inquilinos, como la señora García en Tucson, se han venido a enterar hasta ahora., “Definitivamente, desde ahora voy a buscar qué opciones hay localmente, en el estado de Arizona y esto de los fondos del gobierno federal”, dijo la señora.
Una analista del Centro de Políticas y Prioridades Presupuestales, Alicia Mazzara, dijo que así como la pandemia impactó desproporcionalmente a los latinos, quienes sufrieron mayor desempleo y contagios, también los desalojos van a perjudicar más a los latinos.
Quienes tienen problemas para pagar rentas y enfrentan potenciales desalojos, pueden comunicarse en California al número 1 833 430 2122.
Algunos de los requisitos para tener la ayuda federal son mostrar que tienen problemas debido a la pandemia para pagar la renta, que han intentado pagarla, y que no están en condiciones para mudarse.
Entre los documentos que se necesitan están tener a la mano una identificación oficial, un número de Seguro Social, y ya sea el contrato de renta o recibos a su nombre de servicios públicos como agua y electricidad además de internet.
