Las principales organizaciones humanitarias y legales en San Diego pidieron conjuntamente esta semana a la administración del presidente Joe Biden restaurar el proceso de asilo de manera humana y segura.
Para que las personas que huyen de la violencia y para salvar sus vidas encuentren seguridad en la frontera de San Diego, los grupos demandaron que la administración Biden cancele la medida que ha servido de excusa en la pandemia para impedir el paso de los migrantes, Título 42.
También instaron a la administración a terminar definitivamente con el programa “permanecer en México”.
Asimismo, denunciaron una medida que imponen los oficiales fronterizos para dejar pasar como a cuentagotas, a números muy reducidos de migrantes a pedir asilo, mientras obligan a que al sur de la frontera se acumulen cantidades de personas a la espera, un procedimiento conocido como “metering”, o dosificación.
Todos los grupos de San Diego pertenecen al Grupo de Trabajo de Bienvenida de California, coalición que declaró que con el Título 42, la cosificación y “permanecer en México”, “ahora queda solamente una manera de solicitar asilo de forma segura en las garitas, permitirles entrar al país bajo libertad condicional por razones humanitarias”.
Pero el Grupo de Trabajo advirtió que es “un procedimiento extremadamente lento y complejo, que, con frecuencia, los oficiales fronterizos rechazan arbitrariamente”.
Cruzar la frontera bajo libertad condicional por razones humanitarias también es un procedimiento “inalcanzable para la mayoría de decenas de miles de familias
que corren peligro al permanecer al sur de la frontera”, indicó el Grupo de Trabajo.
La organización Human Rights First divulgó el mes pasado un reporte que documenta más de 6,350 violaciones sexuales, secuestros, agresiones y extorciones a migrantes al lado mexicano de la frontera, tan solo en lo que va de la administración Biden.
La Corte Suprema determinó recientemente que “pernamanecer en México” debe seguir, porque la administración del presidente Joe Biden canceló ese programa sin seguir procedimientos administrativos.
En otras palabras, porque no circuló su decisión en un memorándum, una medida completamente burocrática. Pero a la fecha, la administración sigue sin enviar ese simple memorándum, con lo que permite que continúe la orden de hacer que decenas de miles de personas se queden en ciudades fronterizas mexicanas.
Por otra parte un juez de la capital canceló el Título 42 –que había impuesto Trump–, pero al siguiente día la administración Biden apeló esa decisión, para hacer que la medida continúe.
En San Diego una juez falló en favor de la organización Al Otro Lado en una demanda que concede que los migrantes puedan volver a pedir asilo a los oficiales en las entradas de las garitas, lo que cancela la dosificación.
Sin embargo la administración mantiene en vigor las tres medidas.
Pedro Ríos, el director del proyecto fronterizo del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, y miembro del Grupo de Trabajo, dijo con relación al Título 42:
“Miles de migrantes se encuentran varadas en campamentos improvisados y en condiciones insalubres, sin apoyo, al lado mexicano de la frontera donde se
enfrentan con altos índices de secuestros y violencia”.
Ríos advirtió que “la administración Biden viola el principio de no-devolución, con lo que empeora condiciciones de por sí peligrosas para migrantes que viven en comunidades fronterizas militarizadas”.
La codirectora de la organización legal Al Otro Lado, Erika Pinheiro, advirtió por su parte que al continuar esas medidas, “a pesar de su compromiso con la construcción de un sistema de asilo justo, ordenado y humano, la Administración de Biden ha usado sus recursos para expulsar a personas refugiadas vulnerables que buscan protección”.
