La corporación de prisiones privadas Geo intenta burlar órdenes del presidente Joe Biden para continuar operaciones del centro de detenciones del centro de San Diego, denunciaron docenas de organizaciones.
Esta semana vence un contrato para que GEO, una corporación que gana miles de millones de dólares con prisiones privadas, administre las operaciones del Centro de Detenciones Regional Occidental, en el que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detiene migrantes en el centro de San Diego.
El presidente Joe Biden giró una orden para que conforme vayan terminado los actuales contratos de ciudades estadunidenses con prisiones privadas de Geo, CoreCivic y otras corporaciones, los contratos ya no se renueven.
Pero ahora GEO ha ofrecido medio millón de dólares a la ciudad de McFarland, 250 millas al norte de San Diego, para que renueve el contrato en ese centro de detenciones, con la excusa de que McFarland lo necesita en operaciones para detener a personas que encierra ahí el servicio del Marshall.
“Se trata de una artimaña ilegal de esa corporación, que hace dinero a costa del dolor humano, y que se aferra a continuar ese negocio, pese a la orden del presidente Biden”, dijo la abogada Dulce García, directora ejecutiva del Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes en San Diego.
Advirtió que si la estrategia de GEO funciona esta vez, puede sentar un precedente para que repita esa acción con otros centros de detenciones y también para otras corporaciones.
Para GEO es un negocio, pues aunque “el presidente Biden prohibió las renovaciones de contratos de la Oficina de Prisiones (BOP) cuando asumió el cargo, esto no impidió que Grupo Geo aumentara ganancias”, de acuerdo con el portal Investir Place.
Informó que aunque ese grupo puede perder contratos en San Diego y otra plaza, estima que tendrá ingresos por 2 mil 230 millones de dólares este año.
La estrategia de GEO para continuar sus ganancias en San Diego es que a cambio del medio millón de dólares, McFarland decida sin considerar la opinión de los sandieguinos sobre el futuro del Centro de Detenciones Regional Occidental, en la esquina de la calle C y la Union.
Un abogado de migración, Ian Seruelo, de la Alianza Laboral Estadounidense de Asia Pacífico (APALA), dijo que de cerrar esa cárcel privada se perderían 300 empleos, lo que es lamentable, “pero permitir que una corporación se continúe enriqueciendo con el sufrimiento de nuestra gente de color”.
El dentro de detenciones tiene permanentemente 770 detenidos, en cuanto algunos salen, los reemplaza; GEO amasa grandes cantidades de dinero porque cobra los encierros con tarifas que serían de hoteles, y alimentación a costo de restaurantes, cuando enfrenta múltiples denuncias de abusos y negligencia.
El abogado Bardis Vakili, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo que los grupos de San Diego “exigimos al Departamento de Justicia que no se doblegue ante las empresas privadas de prisiones como CoreCivic y GEO y no les permita convertir en una broma una orden ejecutiva” del presidente Biden.
La ACLU envió también esta semana una carta al presidente para advertirle sobre la intención de GEO.
“GEO tiene un largo historial de negligencia médica, abuso y violaciones de los derechos humanos en sus instalaciones”, advirtió la ACLU.
Indicó que “los grupos de derechos humanos en todo California piden a la Casa Blanca que no permita que las empresas privadas de prisiones eludan su orden ejecutiva”.