“Nosotros nos quisimos cruzar por allá cerca de la Playa, por ahí como que se puede, pero nos detuvieron los agentes y no nos dejaron explicarles nada. Solo nos dijeron que podíamos regresar a aquí a Tijuana por ahí mismo donde por donde entramos, o por la garita”, dijo la señora hondureña Sylvia Colindres.

“Yo creo que estuvimos si acaso una hora adentro de Estados Unidos, antes de que estuviéramos de vuelta en Tijuana”, dijo la madre de dos niñas.

La familia fue expulsada por la garita de Otay con la advertencia de “que si volvíamos a querernos cruzar, nos pueden deportar hasta Honduras”.

La familia, sin recursos, prefirió quedarse en Tijuana a esperar una mejor oportunidad y la madre ahora busca un permiso para trabajar en la ciudad. 

Dice que cuando detuvieron a su familia, había unas diez personas más que también acababan de cruzar la frontera y fueron regresados.

Supuestamente, el gobierno de Estados Unidos teme que los migrantes pudieran portar el coronavirus y contagiar a los estadunidenses, aunque el país es el que tiene más contagios y muertes por Covid 19 en el mundo.

La medida, clasificada como Título 42, la impuso Donald Trump y la planea continuar la administración del presidente Joe Biden.

Desde marzo del año pasado, la patrulla fronteriza está autorizada con el Título 42 a impedir el paso de migrantes, incluidos los que se entregan en busca de asilo, y regresarlos de inmediato a través de la frontera, con la justificación de que previene contagios.

Una corte federal en Washington, Distrito de Columbia, ordenó el 16 de septiembre a la administración Biden terminar con la aplicación de esa medida, porque impedía que los migrantes que legítimamente necesitan asilo puedan solicitarlo.

Sin embargo la administración Biden apeló y el 30 de septiembre una corte de apelaciones autorizó a que el gobierno mantenga esa medida de Trump.

Pero aunque Título 42 se basa en presunta prevención de salud al evitar un potencial repunte de contagios, en realidad se enfoca en controlar el flujo de migrantes en la frontera sin nada que tenga que ver con el Covid 19.

Durante la semana antes de presentar la apelación, el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas consultó con funcionarios de su departamento en la frontera si estaban listos para enfrentar un flujo de migrantes si se retiraba el Título 42.

De acuerdo con un reporte de la cadena NBC, los funcionarios en la frontera expresaron su preocupación de que aumentara el flujo de migrantes. Dijeron que retirar Título 42 podría crear un aumento “catastrófico” de migrantes.

Para el juez que ordenó terminar Título 42 el 16 de septiembre, Emmet Sullivan, el gobierno ya detiene el flujo de migrantes, y no debería.

El magistrado falló en favor de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que representa una demanda colectiva porque tan solo en el mes anterior, en agosto, fueron expulsadas más de 16,000 personas que tienen argumentos para solicitar asilo.