La ciudad de San Diego y por lo menos otros 64 gobiernos locales además de organizaciones se han unido hasta esta semana a una petición para que la Quinta Corte de Apelaciones revoque su decisión de considerar ilegal el programa que protege a los dreamers.
La campaña la inició a nombre del condado y la ciudad de Los Ángeles el fiscal angelino, Mike Feuer, en respuesta a que miles de migrantes que cubren los requisitos para inscribirse en el programa continúan desprotegidos ante potenciales deportaciones por la decisión de esa corte.
Otros al menos 600,000 dreamers, en su mayoría mexicanos, quedaron en el limbo judicial por esa decisión.
Feuer presentó a la corte un Amicus Brief, un documento que busca influir en el caso a favor de los soñadores de parte de personas e instituciones que no están directamente vinculados con el caso.
El documento fue presentado esta semana y para entonces se habían sumado a la coalición, entre otros, los gobiernos de San Diego, Long Beach, Santa Mónica y West Hollywood, San Francisco, Nueva York, Dallas, Houston, Chicago y Atlanta.
También se unieron organizaciones gubernamentales como la Liga Nacional de Ciudades y la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos.
“Vale la pena señalar que 30.000 beneficiarios de DACA trabajan como profesionales de la salud, según la Asociación Médica Estadounidense. Estos beneficiarios de DACA, al igual que otros héroes de la atención médica, son parte integral de la respuesta de nuestra nación a la pandemia”, argumenta el documento.
Dice que la demanda que se presentó en Texas y tomó la corte de apelaciones no es amenazada solo para los beneficiarios del programa, sino también para sus familias, vecinos, compañeros de trabajo, empleadores y gobiernos locales que se benefician de los beneficiarios.
“Como demuestra esta increíble coalición de costa a costa, los beneficiarios de DACA encarnan los ideales estadounidenses fundamentales de educación, trabajo arduo y fe en un mañana mejor”, enfatizó Feuer en el documento al que se han unido los gobiernos.
El programa de Acción Diferida para quienes Llegaron en la Infancia o DACA, por sus siglas en inglés, lo creó el ex presidente Barack Obama mediante una orden ejecutiva en junio del 2012.
El mandatario reconoció que quienes llegaron al país como indocumentados cuando eran pequeños, al acompañar a sus padres, crecieron con la convicción de que Estados Unidos es su país y comparten sus valores.
DACA otorga a los beneficiarios del programa o dreamers autorización renovable de dos años para trabajar, estudiar y tener licencia de conducir, entre otros beneficios.
El gobierno de San Diego no presentó declaraciones propias al sumarse en apoyo al documento para la corte, pero se integró el miércoles.
El fiscal de la ciudad de San Francisco, Davd Chiu, dijo que “nuestros dreamers representan lo mejor de nuestro país; DACA beneficia a todos, al permitir a los beneficiarios retribuir a sus comunidades y enriquecer nuestras economías locales. Este es exactamente el tipo de política que deberíamos alentar y apoyar”.