Durante el año que hoy se cumple de gobierno del presidente Joe Biden, el proceso de asilo
solo fue activado en el 2021 durante unas semanas, periodo que un equipo de Chula Vista y
San Diego aprovechó para ayudar a cruzar la frontera a unos 1,000 migrantes.
La administración Biden se negaba a activar el proceso de asilo, pero la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ganó una demanda que permitió que los migrantes más vulnerables que aguardaban en la frontera pudieran pasar gradualmente.
“Lo que hicimos, fue que nos organizamos en grupo y fuimos a donde las demás organizaciones no se atrevían, al campamento de El Chaparral en Tijuana, en busca de esos casos vulnerables”, dijo a Chula Vista Today la abogada Dulce García.
En el campamento se registraban agresiones a periodistas, a visitantes, abusos a migrantes solas, varias organizaciones de ayuda prefirieron mantenerse lejos.
García, de Chula Vista, el abogado de migración y laboral Ian Seruelo de San Diego, el dirigente de veteranos deportados Robert Vivar, Gina Garibo del Comité se Servicios de los Amigos Americanos, y miembros de Psicólogos Sin Fronteras formaron la coalición Alianza Humanitaria Chaparral.

Pese a los riesgos, el grupo llegó todos los días a documentar en oficinas improvisadas con escritos y sillas prestadas a tomar los testimonios de personas realmente vulnerables, trabajaban hasta noche.
Ayudaron a cruzar a pacientes con cáncer, con males que necesitaban atención médica urgente, a mujeres con embarazo de alto riesgo, a otras embarazadas en sus últimos días antes de parto que sin cruzar la frontera habrían tenido que permanecer en la calles.
También a madres con sus hijos que habían vivido circunstancias increíbles de abusos, niños que huyeron solos de la guerra entre carteles y no pararon hasta llegar a la frontera, donde a algunos de ellos aún los seguían.
Lupita, una adolescente mexicana, por ejemplo, nunca había salido de su pueblo en México, pero el día que mataron a su papá ella pudo huir, pero aún a más de mil millas de distancia la buscaban. El equipo la escondió mientras llenaba sus formularios, la acompañó hasta la garita de San Ysidro y pudo acompañarla hasta que estuvo segura en territorio estadunidense.
“Me dijo que quería estudiar y ser abogada para ayudar a su pueblo”, dijo Dulce García.
La administración Biden volvió a cerrar de nuevo el proceso de asilo, y hasta ahora no lo ha vuelto a abrir, pero los abogados de Chula Vista y San Diego, los psicólogos y los activistas que les apoyaron consiguieron que al menos mil migrantes que estaban vulnerables en la frontera mexicana ahora sigan sus procesos de asilo en seguridad.
Nadie en el equipo humanitario recibió pago por su trabajo, ninguno de ellos lo buscó.