El consejo de supervisores del condado de San Diego aprobó por unanimidad una resolución que desde ahora vinculará los recursos públicos con el trabajo de organizaciones civiles para educar al público y prevenir la trata de personas.
La iniciativa de la supervisora Nora Vargas se refiere a que el condado de San Diego se encuentra entre los primeros lugares de la lista de regiones con mayor número de casos de trata de personas con fines laborales y sexuales.
La resolución facilitará que las víctimas directas de la trata de personas y sus familias tengan los recursos que necesitan.
Uno de los aspectos de la trata de personas que enfatizaron la supervisora y líderes en el condado es que el público necesita saber cómo se extiende el problema de la trata de personas, pues las víctimas a menudo son confundidas.
El consejo de supervisores revisará dentro de 180 días los avances que se hayan alcanzado para entonces tanto en la comunicación con el público como en la ayuda en servicios médicos, psicológicos, legales, de albergue o refugio, y otras formas para los sobrevivientes de la trata de personas y sus familias.
La supervisora Vargas destacó que la ayuda a las víctimas de trata de personas están disponibles independientemente de la condición migratoria de las víctimas.
La fiscal de distrito en el condado, Summer Stephan, confirmó que por cuanto respecta a servicios para víctimas de trata de personas no hay distinción, se ayuda por igual a una persona indocumentada que a una con ciudadanía estadunidense.
De acuerdo con la Oficina de Investigaciones Federales (FBI), el condado de San Diego ocupa el lugar 13 en la lista nacional de regiones con las peores estadísticas en el tema de la trata de personas.
El FBI calcula que cada año hay entre 3,000 y hasta 8,000 casos de trata en el condado de San Diego.