SAN DIEGO.- Hace alrededor de dos años, un grupo de manifestantes participó en San Diego una expresión pública de repudio a la fuerza bruta de parte de agentes policiacos que terminó en la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota y Breonna Taylor en su propia casa en Louisville, origen del movimiento nacional conocido como Black Lives Matter.
Y el asunto relevante es que si civiles que presenciaron estos salvajes procedimientos de arresto por parte de los agentes que costó y sigue costando la vida de las personas que buscan arrestar, no se hubieran conocido nunca si no hubiera sido captado en video por celulares de personas que presenciaron estos incidentes.
Durante una manifestación
El hecho ocurrió durante una manifestación de apoyo a esta causa y de repudio a la violencia policialque tuvo lugar el 23 de septiembre de 2020 Christina Griffin-Jones fue arrestada por agentes policiacos de San Diego, quienes además le incautaron su celular. Si bien, la activista fue liberada no se le entregó su celular, sino mucho tiempo más tarde que demandó al Departamento de Policía de San Diego.
Vale mencionar que con anterioridad -un día posterior al arresto de Griffin- dichas firmas legales habían enviado una carta al Departamento de Policía San Diego señalándole en la misma que generalmente se requiere de una orden de registro respecto a la propiedad incautada (el celular), de lo contrario, se estaría incurriendo en un acto inconsitucional.
Respuesta del Departamento de Policía de San Diego
No obstante, el departamento de policía respondería que “los teléfonos que se incautan como evidencia permanecerán bajo nuestra custodia y se va a buscar el contenido, (y) un detective solicitará una orden de registro de un juez como lo exige la ley”, agregando que contaban con la autoridad para mantener la posesión de los teléfonos de los manifestantes por tiempo indefinido”.
Ante ello, la Fundación de la Union de Libertades Civiles Americanas de los condados de San Diego e Imperial( ACLUF-SDIC), Community Advocates for Just and Moral Governance (MoGo) y el bufete de abogados Singlenton, APC (SLF), Schreiber McKenzie & Scott Law Firm (SMSS, entre otras firmas, se unieron en una demanda en representación de Griffin Jones, que presentaron a principios de 2021.
Pero ayer martes 13 de julio, la Fundación ACLU en conjunto con las firmas legales mencionadas anunciaron que interpusieron una demanda en un tribunal federal desafiando a la Ciudad de San Diego (por) “la incautación prolongada y continua del teléfono cellular de una manifestante en en San Diego” (Christina Griffin-Jones), aunque de acuerdo con las mismas, el de ella no es un caso exclusivo.