Un enfático recordatorio sobre las nuevas responsabilidades establecidas por el Proyecto de Ley Senatorial 464 (SB 464) fue emitido por el Fiscal General de California, Rob Bonta, a todas las agencias policiales y laboratorios criminales públicos del estado para garantizar su aplicación y defender los derechos de las víctimas y cumplir con una puntual gestión de kits de evidencia de agresión sexual no probados.
Fue mediante un boletín que el Fiscal Bonta recordó que luego de que el gobernador de California Gavin Newsom promulgara el proyecto de ley en octubre pasado, éste fue aprobado y entró en vigor el 1 de enero del presente año.
Bonta precisó que las modificaciones permiten a las víctimas solicitar que sus kits de evidencia de agresión sexual no sean sometidos a análisis de ADN. En tal caso, el centro médico o la agencia policial deben respetar esta solicitud almacenando el kit en lugar de enviarlo a un laboratorio forense, en cumplimiento con la sección 680 del Código Penal.
Además, SB 464 establece que todas las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y los laboratorios criminales públicos deben realizar una auditoría exhaustiva de todos los kits de evidencia de agresión sexual no probados que tengan en su posesión para el 1 de julio de 2026. Estos datos deben ser reportados al Departamento de Justicia de California (DOJ), con el fin de mejorar la rendición de cuentas y asegurar el manejo adecuado de la evidencia recolectada, conforme a los estándares legales vigentes.
Según datos recientes hasta diciembre de 2023, los delitos sexuales en San Diego han mostrado un incremento del 15% con respecto al año anterior, lo que subraya la urgencia de medidas como las establecidas en SB 464 para mejorar la respuesta y apoyo a las víctimas.
Adicionalmente, las nuevas disposiciones requieren que las agencias policiales y los laboratorios públicos de crímenes actualicen y mantengan registros precisos en la base de datos SAFE-T del DOJ para todos los kits de evidencia de agresión sexual recolectados desde el 1 de enero de 2018.
El boletín también destaca que, según la SB 464, si una víctima o testigo de un delito solicita ser notificado del resultado final del caso, el fiscal debe cumplir con este requerimiento dentro de los 30 días posteriores a la decisión final del caso. Anteriormente, este plazo era de 60 días.