Diecinueve presuntos miembros de una organización de tráfico de personas han sido acusados de coordinar el contrabando de decenas de inmigrantes indocumentados desde México hacia Estados Unidos, principalmente a bordo de embarcaciones personales a través del Océano Pacífico.
Entre los acusados, destacan cuatro individuos de Tijuana y Tecate, quienes han sido detenidos por su presunta participación en esta red criminal.
Un gran jurado presentó una acusación formal contra 14 miembros de la organización y se presentó una denuncia contra otros cinco, que permanecen prófugos. Entre los detenidos se encuentran Edgar Jiménez Macías, de 33 años, Alex Ceja Guzmán, de 30 años, también conocido como Alejandro y Gordo, Tobías Julián Burgara González, de 32 años, todos de Tijuana, y Junior Zavala Ramírez, de 34 años, también conocido como JR, de Tecate.
Estos individuos enfrentan cargos de conspiración para traer extranjeros con fines de lucro y complicidad, delitos que conllevan una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y una máxima de 15 años, además de una multa de hasta 250.000 dólares.
Los nueve acusados fueron arrestados en los puertos de entrada o en otros lugares de San Diego durante una operación llevada a cabo por varias agencias la semana pasada.
Los agentes federales ejecutaron órdenes de registro autorizadas por el tribunal en presuntos escondites en San Diego y Los Ángeles, confiscando más de 100.000 dólares en moneda estadounidense y dos cajas de municiones. Durante la investigación, los agentes ya habían confiscado más de 120.000 dólares.
MODUS OPERANDI
Según la acusación, los acusados participaron en una conspiración de larga data para traer ilegalmente personas desde México a Estados Unidos por tierra y mar. La organización utilizaba motos acuáticas para transportar a los inmigrantes desde México a zonas costeras como Sunset Cliffs, Bird Rock en La Jolla e Imperial Beach, California. Estas operaciones se realizaban principalmente de noche y en condiciones peligrosas. Los contrabandistas preferían las motos acuáticas por su velocidad y capacidad para acercarse rápidamente a la costa, facilitando desembarques rápidos y la evasión de las autoridades.
Además del transporte marítimo, los acusados también eran responsables de trasladar a los migrantes dentro de Estados Unidos, coordinando con otros conductores para llevarlos a lugares como Los Ángeles, Santa Bárbara y Las Vegas.
La organización cobraba entre aproximadamente $7,000 y $16,000 por persona contrabandeada y transportaba decenas de miles de dólares en ganancias desde San Diego a México.
La fiscal general adjunta, Lisa Monaco, enfatizó el compromiso del Departamento de Justicia en desmantelar las operaciones transnacionales de tráfico de personas, declarando que organizaciones nefastas como la acusada en este caso responderán por sus presuntos crímenes en los tribunales estadounidenses.
Tara McGrath, fiscal federal para el Distrito Sur de California, señaló que los casos de tráfico de personas son una prioridad máxima debido al peligro extremo al que se exponen los migrantes vulnerables.
Por su parte, Christopher Davis, agente especial interino a cargo de Homeland Security Investigations (HSI) de San Diego, afirmó que todos los aspectos del tráfico de personas ponen vidas en riesgo y reiteró el compromiso de las agencias en frenar esta actividad ilegal.
El caso es parte de una investigación de la Fuerza de Tarea Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF), que se enfoca en desbaratar y desmantelar a las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a Estados Unidos. La Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA), establecida en 2021, también ha jugado un papel crucial en estos esfuerzos, logrando más de 310 arrestos nacionales e internacionales y más de 250 condenas en Estados Unidos.