SACRAMENTO, CA.- El gobernador de California, Gavin Newson, consideró que la esencia de las nuevas leyes 2025 que entran en vigor en este nuevo año “reforzar la seguridad pública, construir más viviendas, proporcionar más recursos y oportunidades para nuestras comunidades, mejorar la salud así como procurar el bienestar de todos los californianos¨, son junto al imperativo de ¨fortalecer las protecciones de los derechos civiles y crear entornos de aprendizaje meas inclusivos para todos¨, la prioridad de la legislatura y el gobierno estatal.
De las nuevas leyes destaca, en materia de seguridad pública, el paquete legislativo anunciado por el presidente de la Asamblea, Robert Rivas, que permitirá a los fiscales sumar los montos de diferentes robos, incluidos los frecuentes asaltos a tiendas minoristas, con lo que se alcanzaría ¨el estándar para el delito grave de hurto mayor (felony) y crear un nuevo cargo dirigido a las redes del crimen organizado”.
De hecho, de acuerdo con un reporte de prensa liberado por el gobierno del estado, ¨este año, el gobernador Newsom promulgó la ley que constituye el esfuerzo bipartidista más importante para acabar con los delitos contra la propiedad y el comercio minorista en la historia moderna de California¨.
Contemplan impactos de
la Inteligencia Artificial
Los sistemas de protección legal en las nuevas leyes de California también abordan y penaliza los riesgos e impactos negativos a la sociedad causados por la inteligencia artificial y los hace en la SB 926, aprobado por la Asamblea y convertida en ley con la firma del Gobernador, la cual criminaliza la creación y distribución de imágenes sexualmente explícitas generadas artificialmente de una persona real que aparenten ser auténticas, si la intención es causar angustia emocional a esa persona.
Asimismo, la SB 981 aborda imágenes sexualmente explícitas y exige que las plataformas de redes sociales establezcan un sistema para que los residentes de California valide su derecho a denunciar la publicación de imágenes sexualmente explícitas que hubiesen sido creadas o alteradas por medios digitales para que parezcan ser reales, además de que las plataformas de las redes social tendrán que eliminar el contenido en tanto se realiza la investigación de la denuncia presentada.
Mayores penalizaciones
a carreras callejeras
En el tema de transporte, una de las novedades legales que entrarán en vigor este nuevo año es que se ¨impondrán sanciones más estrictas¨ a quienes tomen parte en las llamadas carreras callejeras y espectáculos clandestinos. Entre estas sanciones se encuentran el poder que se delega a la autoridad para que pueda incautar los vehículos, incluso de personas que solo están mirando ´el espectáculo callejero´. Y esta facultad para los representantes de las fuerzas del orden se extiende a competencias que tengan lugar en calles privadas o estacionamientos (privados).
Otra atribución de los agentes policiacos es que pueden recoger los vehículos que hayan participado en estas carreras y espectáculos clandestinos, aún si se les encuentra tiempo después de haber ocurrido el mismo.
También entre las leyes relativas al transporte sobresale la llamada Ley de Luz Natural, la cual sancionará a los conductores que manejen vehículos personales o comerciales que se estacionen o se detengan a menos de 20 pies de cualquier cruce peatonal marcado o no marcado, lo que se aplica a todos los bordes de banqueta o calle, inclusive si no tienen franjas rojas.
En Educación
Igualmente, destaca la SB 905 que establece que, en caso de robo de una unidad, los propietarios de automóviles ya no estarán obligados a probar que las puertas del vehículo se encontraban cerradas con llave antes del robo para que los jueces condenen a alguien por robo.
En el rubro de Educación se prohíbe a los distritos escolares del estado promulgar políticas que obliguen a los educadores a notificar a los padres si los estudiantes se identifican como transgénero o solicitan emplear un nombre diferente y se establece que las bibliotecas públicas no podrán prohibir el préstamo de libros con base a la raza, religión, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, estatus socioeconómico o afiliación política.
Además se exigirá que los profesionales de la salud ofrezcan atención a personas de 65 años de edad o más, y realicen una educación continua en geriatría y atención de la demencia.
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