En un fallo clave para cientos de miles de migrantes, la jueza federal Indira Talwani ordenó la suspensión de la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar el estatus legal de beneficiarios del programa de libertad condicional humanitaria CHNV, que otorga protección a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La medida, anunciada en marzo por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), habría dejado sin autorización migratoria a más de 500,000 personas, incluyendo a más de 160,000 haitianos, 97,000 venezolanos, 76,000 cubanos y 74,000 nicaragüenses, a partir del próximo 24 de abril.
La decisión de la jueza respondió a una demanda presentada por Haitian Bridge Alliance y otros demandantes, quienes argumentaron que la cancelación del programa era ilegal y causaría un daño irreparable. El recurso legal, respaldado por Justice Action Center y Human Rights First, alertó sobre el riesgo de deportaciones masivas de migrantes que han seguido los procedimientos establecidos.
Durante la audiencia en Boston, Talwani cuestionó la justificación del gobierno para poner fin al programa y señaló posibles motivaciones políticas detrás de la medida.
“Los beneficiarios del CHNV ingresaron legalmente con permiso de las autoridades y no deberían ser etiquetados ahora como ‘ilegales’ ni estar sujetos a una deportación acelerada”, afirmó.
La jueza también criticó la interpretación del DHS sobre la normativa migratoria, indicando que las disposiciones utilizadas para justificar la cancelación del programa no se aplican a personas que recibieron libertad condicional de manera legal.
El programa CHNV fue implementado en 2022 con el objetivo de ofrecer una vía legal a quienes huyen de crisis económicas, persecución política y desastres ambientales.
Desde su lanzamiento, el programa ha permitido la entrada legal de más de 72,000 haitianos, 64,000 venezolanos, 51,000 cubanos y 39,000 nicaragüenses hasta diciembre de 2023.
Además, su implementación ayudó a reducir los cruces irregulares en la frontera sur, que en 2022 alcanzaron la cifra récord de 2.76 millones de detenciones.
Sin embargo, al anunciar su cancelación, el DHS sostuvo que el programa era “inconsistente con los objetivos de política exterior de la Administración [Trump]” y que la disminución de cruces fronterizos en 2024, con una reducción del 50% en comparación con diciembre de 2023, justificaba su eliminación.
Talwani aún no ha emitido un fallo definitivo, pero confirmó que avanzará rápidamente en certificar el caso como una demanda colectiva en favor de los beneficiarios y que tomará medidas antes del 24 de abril para evitar que pierdan su estatus legal.
La decisión representa un revés para el gobierno y deja en suspenso el futuro del programa. Se espera que el Departamento de Justicia apele la orden en los próximos días.