SAN DIEGO.- El Concejo de la Ciudad de San Diego aprobó por 8 votos a favor y solo 1 en contra, esta mañana de martes (15 de abril), una ordenanza que prohibe a los propietarios de viviendas cobrar rentas estandarizadas, basadas en algoritmos y software.
En específico la ordenanza aprobada se titula Prohibition of Anticompetitive Automated Rent Price-Fixing Ordinance (Ordenanza sobre la prohibición automática anticompetitiva de los precios de alquiler).
Se indicó que esta es la primera ley en la región San Diego que “prohíbe el uso, la venta y la concesión de licencias de software que permite a los propietarios corporativos coordinar precios de alquiler utilizando datos no públicos de la competencia”
Esta es “una práctica cada vez más común que está siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y numerosos fiscales generales estatales”, se advierte en la exposición de motivos de la iniciativa.
De hecho, se ejemplificó que a través de páginas de internet como la popular RealPage’s YieldStar, los propietarios de viviendas pueden “coordinar precios y suprimir la competencia”
Y se advierte que “según materiales de marketing de empresas de software, los inquilinos dee San Diego podrían pagar hasta $185 más al mes (o más de $2,200 al año) debido a la fijación algorítimica de precios”.
Vale hacer mención que en la página de RealPage se presenta como “una empresa de software de gestión inmobiliaria que ofrece servicios a propietarios y administradores de propiedades” de “fijación de precios”, empleando algoritmos o procesamiento ordenado de datos, que puede valerse de apoyo de inteligencia artificial y con un objetivo específico.
La propuesta fue presentada por el regidor del Distrito 9 de la ciudad de San Diego, Sean Elo-Rivera, quien precisó en la exposición de motivos que la ordenanza “busca impedir que los arrendadores corporativos utilicen sistemas basados en algoritmos para inflar los alquileres a puerta cerrada y obtener ganancias excesivas de los trabajadores de San Diego, que ya enfrentan uno de los costos de vida más altos del país”.
“La vivienda es un derecho humano”, dijo Elo-Rivera, “y nadie debería ser expulsado de su comunidad por un algoritmo ávido de ganancias”.
Y anticipó que “la votación de hoy envía un mensaje claro: San Diego necesita trabajar para los sandieguinos, no para las empresas tecnológicas de fuera y los arrendadores corporativos que manipulan el sistema a expensas de las familias trabajadoras”.
“Esta es una victoria para los inquilinos, para la transparencia y para todos en nuestra ciudad que estamos comprometidos a priorizar a las personas por encima de las ganancias”.