En la segunda semana del mes de mayo reciente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el paquete legislativo del presidente Donald Trump, en el que se contempla un impuesto del 3.5% a las remesas que los migrantes de Estados Unidos envían a su país de origen.
Aunque aún requiere la ratificación del Senado, que es dominado por mayoría de legisladores republicanos, el paquete legislativo ya ha encendido las alarmas debido al impacto que un gravamen de esta índole tendría en las familias de los países latinoamericanos, que han salido adelante por las remesas enviadas por sus compatriotas que trabajan en Estados Unidos.
Solo en México, las remesas representaron en 2024, alrededor de 64 mil 745 millones de dólares, lo que significó un récord histórico y un incremento de 2.3% en comparación con el 2023, cuando el país azteca recibió 63 mil 319 millones de dólares por ese concepto.
Por lo que se refiere al conjunto de los países latino americanos , estos recibieron el año pasado un total de 161 mil millones de dólares en remesas, lo que representó un incremento del 5% respecto a 2023, de acuerdo con datos del Inter-American Development Bank.
Maribel Solache González, integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados de México y conocida activista pro inmigrante en el norte del condado de San Diego, dio a conocer que este tema está siendo analizado por ¨las legisladoras y legisladores de acción afirmativa migrante¨.
Se refirió en este sentido a la reunión de trabajo que tuvieron con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente.
¨Dialogamos sobre la posible imposición de un impuesto a las remesas en Estados Unidos¨, informó Solache González, ¨y coordinamos estrategias para defender a nuestra comunidad migrante¨.
¨Agradezco la invitación del canciller¨ (de la Fuente), así como la del jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Alvarez y del director general de Coordinación Política, Pedro Matar¨, agregó.
Y la legisladora morenista anticipó: “Desde el Congreso y en coordinación con la Cancillería, seguiremos impulsando la diplomacia parlamentaria como herramienta clave para proteger los derechos y el bienestar de las y los migrantes mexicanos”.