El presidente Donald J. Trump declaró el pasado 11 de agosto una emergencia criminal en el Distrito de Columbia, citando un aumento alarmante en los índices de violencia que, según la orden ejecutiva, afecta la seguridad pública, la operatividad del Gobierno Federal y la confianza nacional en la capital de Estados Unidos.
La medida señala que la delincuencia violenta en Washington D.C. ha alcanzado niveles críticos, con tasas de homicidio y robo que superan ampliamente el promedio nacional y colocan a la ciudad entre las más peligrosas del país, e incluso del mundo en algunos indicadores. En 2024, el Distrito de Columbia registró una tasa de homicidios de 27.54 por cada 100,000 habitantes, y una tasa de robo de vehículos que triplica la media nacional, según datos oficiales citados en la orden.
El documento destaca que esta situación no solo pone en riesgo a ciudadanos, turistas y empleados federales, sino que también obstaculiza funciones esenciales del Gobierno y la seguridad de sus trabajadores, lo que provoca un impacto negativo en la capacidad operativa del Gobierno Federal.
Como respuesta inmediata, el presidente ordenó que el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia (MPDC) sea utilizado para fines federales, incluyendo la protección de edificios y monumentos federales, y el mantenimiento del orden público en la capital.
Expertos en seguridad pública advierten que esta declaración de emergencia representa un paso inédito que refleja la gravedad de la crisis en la capital, aunque subrayan que la solución requerirá también estrategias a largo plazo para fortalecer la colaboración entre las agencias locales y federales, y abordar las causas estructurales de la violencia.