La Alguacil del Condado de San Diego, Kelly Martinez, expresó su preocupación por la ordenanza que busca ampliar la autoridad de la Junta de Revisión Ciudadana de las Fuerzas del Orden (CLERB), calificándola de “sin precedentes” debido a la falta de un modelo de supervisión comparable para proveedores médicos y aseguradoras en otros condados del país.
En lugar de ello, instó a la Junta de Supervisores a respaldar una evaluación independiente e interdisciplinaria que revise la calidad clínica, la gobernanza, las operaciones y la rendición de cuentas de los servicios de salud penitenciarios.
Martinez recordó que la Oficina del Alguacil administra uno de los sistemas penitenciarios más grandes y complejos de California, con un promedio diario de 4,400 personas distribuidas en siete centros de detención. Subrayó que la población carcelaria enfrenta tasas elevadas de enfermedades crónicas, problemas de salud mental y trastornos por consumo de sustancias, lo que hace necesaria una evaluación estructurada y basada en evidencia de los servicios de salud.
Destacó que, en colaboración con contratistas, la Oficina ha atendido a casi 50,000 personas al año, logrando mejoras significativas en atención médica, salud mental y tratamiento por consumo de sustancias, siguiendo estándares nacionales como los de la Comisión Nacional de Atención Médica Correccional (NCCHC).
Aunque reconoció la importancia de la transparencia y la confianza comunitaria, Martinez manifestó su decepción por la decisión de la mayoría de la Junta de Supervisores de no aprobar su propuesta de evaluación integral, pero reiteró su compromiso con la atención de las personas bajo custodia.
