SAN DIEGO.- La Ordenanza del Debido Proceso y Seguridad (para los sandieguinos) fue aprobada en forma unánime por los 9 concejales la tarde del lunes 20 de octubre.
La iniciativa presentada por el Concejal del 9no. Distrito, Sean Elo-Rivera, es, de acuerdo con su autor, “una ley local histórica que garantiza que la propiedad, el personal y los recursos de la Ciudad” (de San Diego) “nunca se utilicen para facilitar acciones de cumplimiento federal no autorizadas, inconstitucionales o discriminatorias”.
La Ordenanza, que fue respaldada por defensores de la comunidad que acudieron a la junta de Concejo Municipal, “exige órdenes judiciales para el acceso de las fuerzas del orden federal” (léase el ICE y la Guardia Nacional) “y de otros estados a las instalaciones no públicas de la ciudad”.
COMPROMISO COMPARTIDO
Dicha protección legal se extiende “a los contratistas, arrendatarios y beneficiariOs de la ciudad” y “prohíbe la participación en cualquier acción de cumplimiento dirigida a individuos en función de su expresión política o religiosa, raza, etnia, identidad de género, discapacidad o atención reproductiva; y exige educación multilingüe “Conozca sus derechos” en los sitios de la ciudad.
Se afirmó en una conferencia previa a la votación de los Concejales que esta Ordenanza “se aprobó después de una muestra regional de solidaridad”, afirmando “un compromiso compartido con las libertades civiles, la dignidad y la confianza pública”.
VAN DE LA MANO
El Concejal Elo Rivera dijo respecto a la parte medular de la Ordenanza aprobada que “los habitantes de San Diego merecen vivir en una ciudad donde la ley, el orden y los derechos realmente importan, donde la seguridad y la dignidad van de la mano”.
Benjamín Prado, líder de la organización denominada “Unión del Barrio” y quien asistió a la junta del Concejo Municipal, destacó en la página de la misma que “el viernes 10 de octubre, a las 9:15 a.m., un equipo de la Patrulla Fronteriza siguió a un trabajador a un domicilio sobre la calle 32 sur, a la altura de Webster en Barrio Logan”.
“Los secuestradores de la Patrulla Fronteriza” se rehúsan a identificar en qué agencia trabajan, sus nombres y quien es el agente a cargo del operativo y la dueña de la casa” sale para aclarar que el supuesto orden de cateo que le presentaron los agentes de la migra y se confirma que no tienen una orden judicial firmada por un juez”.
La Oficina del Concejal Sean Elo-Rivera confirmó que la Ordenanza sobre el Debido Proceso y la Seguridad entrará en vigor 30 días después de su aprobación final.
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