SAN DIEGO — La tensión entre la intensificación de operativos migratorios y la falta de supervisión institucional volvió a quedar en evidencia esta semana, cuando cuatro miembros del Congreso lograron ingresar por primera vez al sótano del edificio federal en 880 Front Street, donde ICE retiene a personas por lapsos prolongados.
Los representantes Juan Vargas, Scott Peters, Mike Levin y Sara Jacobs accedieron al área tras más de un mes de intentos fallidos, motivados por denuncias de familias y voluntarios que alertaron a medios locales sobre detenciones “por días” en condiciones mínimas.
Exigen respuestas
Vargas subrayó la dificultad de ejercer supervisión ante la resistencia de ICE:
“Durante más de un mes, ICE hizo todo lo posible para impedirnos realizar una fiscalización en el edificio federal de San Diego después de recibir informes de que había detenidos en condiciones terribles. Hoy, por fin hemos podido entrar. La fiscalización es importante. No vamos a dejar de presentarnos, exigir respuestas y trabajar para proteger a nuestras comunidades.”
Por su parte, Levin enfatizó las fallas del sistema y la contradicción entre la información ofrecida y la experiencia real de los detenidos:
“Nuestro sistema migratorio está roto cuando conoces a un hombre como el que encontramos. Tuvimos que pedir que nos dejaran hablar con él, y nos permitieron hacerlo; nos contó que fue arrestado mientras intentaba trabajar y construir una vida mejor para sus hijos, de 11 y 5 años. Al salir, le pregunté a un oficial por qué no nos habían mostrado esto hace dos o tres semanas. Es claro que o bien recibieron un mal consejo en DC para mantenernos alejados, o bien había muchas más personas detenidas de las que había hoy. Solo había tres, y nos dejaron hablar con uno. También nos dijeron que, en promedio, las personas son retenidas seis horas y cuarto, pero exigiremos que todo esto nos lo confirmen por escrito, porque contradice lo que se ha informado a medios y comunidades activistas.”
Arrestos en entrevistas de residencia
En semanas recientes, algunas detenciones ocurrieron durante entrevistas para obtener la residencia permanente, una práctica que los legisladores calificaron de “atroz”. Mabely, esposa de uno de los detenidos, relató que su esposo estuvo 19 horas en el sótano, 11 de ellas sin agua, antes de ser trasladado al Centro de Detención de Otay Mesa. Según su testimonio, las condiciones eran peores que las que enfrentó en Texas al ingresar al país.
Cifras oficiales de DHS
Mientras los congresistas denuncian opacidad y obstáculos para la fiscalización, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y USCIS reportan cifras oficiales en un comunicado de prensa que reflejan otra dimensión de la estrategia migratoria:
- Cerca de 2,000 detenciones dentro de instalaciones de USCIS de personas con órdenes activas o sin estatus legal.
- Más de 3,200 expedientes enviados a ICE por antecedentes, alertas de seguridad u órdenes de deportación.
- Más de 13,200 casos referidos a ICE por presunto fraude, vínculos con pandillas u otras preocupaciones de seguridad.
Estas acciones forman parte de un replanteamiento del sistema migratorio para reforzar filtros y “regresar a niveles razonables de inmigración legal”, según el comunicado. USCIS también implementó revisiones de redes sociales, un examen cívico ampliado, más de 172,000 Notificaciones de Comparecencia emitidas desde febrero y cambios en permisos de trabajo que requieren revisiones adicionales.
Contraste y dudas persistentes
El contraste entre la narrativa oficial y la experiencia de los legisladores en San Diego evidencia la falta de claridad en la operación de ICE: detenciones durante trámites rutinarios, resistencia a la fiscalización y condiciones cuestionadas en espacios no diseñados para custodia prolongada. Los congresistas señalaron que continuarán exigiendo información escrita y verificable para garantizar que no se cometan violaciones legales o de derechos humanos en el condado.