La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar la orden ejecutiva del expresidente Donald J. Trump que busca limitar la ciudadanía automática por nacimiento, una medida que podría afectar a millones de personas nacidas en el país de padres no ciudadanos o con estatus migratorio temporal.
La decisión se tomó el pasado 5 de diciembre, cuando la Corte concedió certiorari before judgment en el caso Trump v. Barbara (No. 25‑365).
La orden ejecutiva, emitida el pasado 20 de enero, propone que los niños nacidos en EE. UU. de padres sin ciudadanía ni residencia permanente —y con estatus temporal o indocumentado— no obtengan automáticamente la ciudadanía. Tribunales inferiores bloquearon temporalmente la medida, mientras se revisa su constitucionalidad en los tribunales superiores.
QUÉ ESTÁ EN JUEGO
Expertos legales y grupos de derechos civiles advierten que la decisión de la Corte Suprema podría impactar directamente en:
- Derechos de los niños nacidos en EE. UU.: la Corte definirá si la cláusula de ciudadanía por nacimiento de la 14ª Enmienda sigue siendo plenamente válida.
- Documentación y trámites legales: certificados de nacimiento, pasaportes y otros documentos podrían verse afectados si la orden ejecutiva llegara a ser confirmada.
- Política migratoria futura: el fallo marcará un precedente sobre hasta qué punto la Casa Blanca puede modificar derechos constitucionales mediante órdenes ejecutivas.
Según la ACLU y el NAACP Legal Defense Fund, la ciudadanía automática ha sido un principio consagrado durante más de un siglo y cualquier cambio afectaría directamente a comunidades inmigrantes y a niños nacidos en EE. UU. de padres no ciudadanos.
2026, UN AÑO CRUCIAL
Hasta ahora, la Corte Suprema no ha fijado fecha para los argumentos orales, aunque medios especializados estiman que podrían celebrarse entre febrero y abril de 2026, con una decisión final potencial hacia mediados de año.
Mientras tanto, familias, abogados y comunidades afectadas observan de cerca el proceso, conscientes de que la resolución podría redefinir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y tener efectos duraderos sobre derechos civiles, identidad legal y políticas migratorias.