La San Diego County District Attorney centró el foco en lo que podría ser una grave falla —o posible omisión— en los controles internos del Condado de San Diego, tras anunciar cargos penales contra una exdirectiva de una organización sin fines de lucro que administró millones de dólares en fondos públicos para combatir la crisis de opioides.
La fiscal de distrito, Summer Stephan, subrayó, en conferencia de prensa el pasado lunes, que a pesar de que la acusada, Amy J. Knox, de 45 años, tenía antecedentes penales por malversación fue colocada en una posición de control sobre recursos provenientes de acuerdos multimillonarios por la epidemia de opioides.
“Esta acusada tenía antecedentes de robar grandes sumas de dinero y de violar la confianza de su empleador, y aun así estuvo a cargo de millones de dólares en fondos públicos”, declaró Stephan. “Los controles y contrapesos existen por una razón, pero no hay evidencia de que se realizara una verificación de antecedentes. Incluso después de que personal profesional del condado expresara preocupaciones, funcionarios del condado otorgaron un segundo contrato a Harm Reduction-SD, permitiendo que esta acusada llenara sus bolsillos con dinero público”.
Vacíos de supervisión
Knox enfrenta tres cargos graves por apropiación indebida de dinero público y tres por malversación, con la agravante de fraude de cuello blanco, por presuntamente desviar más de 130.000 dólares de los más de 4 millones asignados por el condado a la organización Harm Reduction-SD.
Los fondos provenían de acuerdos estatales y nacionales con corporaciones implicadas en la crisis de opioides y estaban destinados a prevención, tratamiento y reducción de muertes por fentanilo.
De acuerdo con la Fiscalía, Knox se desempeñó como directora de operaciones entre julio de 2022 y junio de 2025. En ese rol controlaba las finanzas de la organización, administraba los contratos con el condado y fungía como enlace principal con las autoridades. Tenía bajo su responsabilidad la supervisión de la distribución de naloxona, la nómina, declaraciones fiscales y contratación de proveedores.
Sin embargo, una auditoría realizada en abril de 2023 por personal del condado ya había detectado debilidades significativas en los controles financieros de la organización, incluyendo deficiencias en conciliaciones bancarias y en el libro mayor. Además, en enero de ese año, un ciudadano alertó sobre el almacenamiento inadecuado de Narcan por parte de la directora ejecutiva de la organización.
Posteriormente, el condado descubrió que Knox tenía condenas previas por malversación. A pesar de ello, en agosto de 2024 —menos de un año después de la auditoría y tras conocerse esos antecedentes— se le otorgó a Harm Reduction-SD un segundo contrato, esta vez para servicios de análisis de drogas en campamentos de personas sin hogar.
Para la fiscal Stephan, la secuencia de hechos plantea interrogantes sobre los procesos de debida diligencia y verificación de antecedentes cuando se adjudican contratos financiados con dinero público.
El presunto desvío de fondos
Según la investigación, Knox utilizó la cuenta bancaria de la organización para pagar gastos personales, incluyendo viajes a Hawái y Disneyland, ropa de lujo, cosméticos, suscripciones digitales, entrenamiento de perros de raza y clases de artes marciales. También habría usado fondos públicos para pagar facturas de servicios eléctricos de dos propiedades residenciales y para costear aproximadamente 30.000 dólares en cirugías cosméticas.
El esquema salió a la luz cuando Knox acusó a la directora ejecutiva de la organización de irregularidades. Esta última reportó transacciones no autorizadas a la Oficina del Fiscal de Distrito, lo que dio paso a la investigación de la Unidad de Integridad Pública.
El condado canceló ambos contratos en junio de 2025. Stephan también señaló que, tras la terminación, no hubo una remisión inmediata del caso a la unidad anticorrupción para investigación penal, como ha ocurrido en otras ocasiones.
La acusada se declaró no culpable en su comparecencia inicial. La Fiscalía indicó que la investigación continúa para determinar cómo se permitió que una persona con antecedentes por delitos financieros asumiera el control de millones en recursos públicos y qué reformas podrían ser necesarias para evitar que un caso similar vuelva a repetirse.
La fianza fue fijada en 200.000 dólares. Una audiencia de revisión de fianza está programada para el 25 de febrero a las 8:30 a.m., y una audiencia de preparación para juicio se celebrará el próximo 1 de abril a las 8:15 a.m.