SAN DIEGO.- Las supervisoras Terra Lawson-Remer y Paloma Aguirre anticiparon que se preparan para interponer una demanda en contra de las autoridades que administran el centro de detención de la Mesa de Otay.
La presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego y la presidenta Pro Temporare advirtieron que los funcionarios federales han revertido y bloqueado la supervision de salud pública de California.
Vale recordar que en nota informativa publicada en la edición 8 de El Latino San Diego se destaca en portada la nota titulada: Desacato Junidicial, pese a una orden provisional y tras denuncias sobre conficiones de detención, niegan acceso a congresista en Otay Mesa.
SE MANTIENE PROHIBICIÓN
La nota referida hace alusión a Juan Vargas, Representante del Distrito 52 (que comprende el sur del condado de San Diego) y a quien no se le permitió el acceso al centro de detención.
Pero la prohibición ha continuado y ahora alcanzó a la Junta de Supervisores y en palabras de su presidenta, Lawson-Remer señaló que “funcionarios federales de inmigración impidieron hoy” (el lunes 23 de febrero) “que el condado de San Diego ejerciera plenamente su autoridad legal de salud pública en el centro de detención de Otay Mesa”.
Indicó que si bien el Oficial de Salud Pública del Condado pudo ingresar a las instalaciones para iniciar lo que habría sido la primera inspección integral de salud pública de un centro federal de detención migratoria de California, pero “se le inform que el ICE no permitiría el acceso a componentes rutinarios y críticos de la inspección.
Tales prohibiciones, continuó, sería los referidos a la revisión de historiales médicos y entrevistas confidenciales con los detenidos, aunque “son pasos necesarios para completar una evaluación legal de salud pública”.
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