SACRAMENTO, CA.- Mientras la opinión pública ha puesto la atención en lo que está pasando en Irán, Israel, los países productores y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, en California se empieza a librar una fuerte batalla por el petróleo con el gobierno federal.
Y es que aunque el aún gobernador, Gavin Newsom, ha alentado estrictas leyes y regulaciones ambientales, el presidente Donald Trump ha instruido al secretario de Energía, Chris Wright para que amparado en la antigua Ley de Producción de Defensa (DPA por sus siglas en inglés, de jurisdicción federal y que data de 1950) ordenó la reanudación de operaciones de una empresa petrolera texana que cuenta con plataformas en el sur de California.
Se trata de la compañía petrolera Sable Offshore Corp. (Sable), con sede en Houston, Texas, que ha reanudado operaciones en alta mar en California, con base a una orden federal de 2026.
Asimismo esta empresa reactivó la Unidad Santa Ynez que se encuentra en alta-mar frente a Santa Bárbara y sus oleoductos, pese a la oposición del gobierno estatal, no obstante al derrame de petróleo ocurrido en 2015 en esa ciudad de la región este-sur de California.
¿REUNIÓN A DESTIEMPO?
Por ello, la Contralora Estatal, Malia M. Cohen, presidenta de la Comisión de Tierras del Estado, pidió realizar “una reunión urgente” con los miembros de la misma.
¿El motivo? Ofrecer una respuesta a la instrucción del jefe del Ejecutivo (Federal) para que la compañía petrolera Sable Offshore Corp. (Sable) reanude operaciones en alta mar en California.
Cohen anticipó que “como presidenta de la Comisión, me comprometo a garantizar que toda persona que utilice tierras estatales cumpla estrictamente con la ley”.
“La Comisión de Tierras Estatales tiene jurisdicción sobre las tierras públicas y las zonas costeras”, dijo, que atraviesa este oleoducto, y cualquier intent de eludir las leyes o la soberanía de nuestro estado no quedará impune”.
‘NUESTRA SOBERANÍA
ES INEGOCIABLE”
La funcionaria advirtió que “California -no Washington, y ciertamente no una compañía petrolera privada- tiene autoridad para determiner qué sucede en nuestras tierras y aguas públicas. Nuestra soberanía es innegociable”.
El presidente Trump ha anticipado, y ha instruido en consecuencia, sobre su intención de aumentar la producción de petróleo en California mediante leyes de emergencia para forzar la reapertura de plataformas en el llamado “estado dorado”.
En lo fundamental, el gobierno del estado de California considera que las recientes medidas del gobierno federal con el objeto de forzar la producción petrolera bajo el supuesto de que ello ayudaría a reducir los altos precios de la gasolina y el diesel en el estado, son ilegales y anticipa una batalla legal ante las cortes.
LLAMADO
Al hacer un llamado a los miembros de la Comisión “a unirse al gobernador Gavin Newsom y el procurador general Rob Bonta para cuestionar la confianza que Sable deposita en el ejercicio de la autoridad por parte de la Administración Trump”, Manlia fue más allá:
“No Podemos, en conciencia, permanecer impasibles ante tales acciones y permitir que el presidente, o cualquier persona que actúe bajo su dirección, infrinja las leyes y el sistema legal de California para apropiarse de oleoductos e instalaciones petroleras que se encuentran dentro de la jurisdicción regulatoria de California”.
Y concluyó; “Este incumplimiento deliberado e intencional por los procesos legales, ambientales y de seguridad establecidos…Generan serias preocupaciones sobre la gestion de riesgos y la responsabilidad fiscal. California no puede permitirse exponer uno de sus activos públicos más valiosos, su litoral, a riesgos innecesarios que podrían ocasionar miles de millones de dólares en daños económicos y costos públicos”.
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