Dos administradores de centros residenciales para adultos mayores en North County fueron acusados de operar un esquema de explotación laboral en el que trabajadores inmigrantes habrían sido obligados a cumplir jornadas de hasta 24 horas sin el pago completo que exige la ley de California, en un caso que la Fiscalía del Condado de San Diego describe como trata de personas y robo de salarios.
La Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan, anunció la presentación de cargos contra Rolando “Bobby” Solancho Corpuz, de 57 años, y Maria Elsabel Sio Corpuz, de 41, quienes administraban dos centros de cuidado de ancianos en Vista y Escondido. Ambos enfrentan seis cargos de trata de personas y seis cargos de robo de salarios.
“Este caso es un ejemplo alarmante de cómo la trata de personas puede ocultarse a plena vista dentro de nuestra comunidad”, declaró Stephan durante el anuncio. La fiscal señaló que los acusados habrían utilizado el estatus migratorio de los trabajadores como herramienta de control, reteniendo pagos y obligándolos a laborar en condiciones que calificó como explotación sistemática. De acuerdo con la funcionaria, las víctimas habrían sido privadas de más de 175 mil dólares en salarios.
La investigación se originó tras la denuncia de una trabajadora que acudió al Pilipino Workers Center, organización que canalizó la queja hacia la Oficina de Normas y Cumplimiento Laboral del condado, donde se identificaron posibles violaciones penales. El caso fue posteriormente transferido a la Unidad de Justicia Laboral de la Fiscalía.
Una de las víctimas trabajó entre mayo de 2023 y junio de 2024 en instalaciones operadas bajo el nombre de Rose Garden en Vista y Escondido. Según la investigación, recibía alrededor de 150 dólares por jornada mientras laboraba de seis a siete días a la semana en turnos de 24 horas. Además, vivía dentro del centro y compartía habitación con un residente, realizando tareas que incluían alimentación, higiene, limpieza, administración de medicamentos e inyecciones de insulina, pese a no contar con certificación como cuidadora.
Las autoridades detallaron que la trabajadora aceptó una deducción salarial bajo la promesa de que esos fondos serían utilizados para contratar a un abogado de inmigración; sin embargo, de más de 19 mil dólares retenidos, solo se habrían destinado cerca de 3 mil 900 dólares para ese fin.
Una auditoría del Departamento de Relaciones Industriales de California determinó que la víctima tiene derecho a más de 175 mil dólares en salarios no pagados. El expediente también documenta condiciones similares en al menos dos trabajadores adicionales, quienes habrían enfrentado turnos nocturnos y labores continuas sin compensación adecuada.
Las autoridades sostienen que los empleados eran pagados por día, sin cubrir salario mínimo ni horas extras, a pesar de la naturaleza de cuidado permanente requerida por los residentes.
La investigación incluyó órdenes de cateo simultáneas y la participación de agencias locales de cumplimiento laboral y servicios sociales. La Fiscalía mantiene abierta la indagatoria y exhorta a posibles víctimas a presentar denuncias.
Los acusados fueron detenidos el 26 de marzo y se declararon no culpables en su comparecencia inicial. Su próxima audiencia está programada para el 14 de mayo. De ser hallados culpables, podrían enfrentar hasta 19 años y cuatro meses de prisión.