LOS ANGELES — El despliegue federal de la Guardia Nacional de California ordenado durante la administración de Donald Trump dejó una factura que ya supera los 111,2 millones de dólares para los contribuyentes, de acuerdo con registros federales divulgados tras una solicitud de información pública presentada por la oficina del gobernador Gavin Newsom.
Los documentos, emitidos por el Departamento de Defensa bajo la dirección de Pete Hegseth, confirman que la operación —cuestionada en tribunales y posteriormente frenada por fallos judiciales— implicó la federalización de cerca de 4.000 elementos de la Guardia Nacional, desviándolos de sus funciones estatales durante semanas críticas para la seguridad pública en California.
Según las cifras oficiales, el costo incluye salarios, logística y operación durante los años fiscales 2025 y 2026, aunque aún faltan por sumarse gastos de horas extras y desmovilización, por lo que el monto final podría ser mayor. La propia administración estatal había estimado previamente un impacto cercano a los 120 millones de dólares, cifra que los registros federales ahora validan como conservadora.
Más allá del impacto financiero, autoridades estatales y organizaciones comunitarias advierten que el despliegue tuvo consecuencias directas en la seguridad cotidiana. Durante el periodo en que las tropas fueron reasignadas a Los Ángeles, unidades especializadas quedaron fuera de operaciones clave en el combate al narcotráfico y en la respuesta a incendios forestales.
Entre los recursos afectados se encuentra el Grupo de Trabajo Rattlesnake, encargado de apoyo en incendios forestales, así como equipos de inteligencia y apoyo operativo en la lucha contra el tráfico de fentanilo. La reasignación, según funcionarios estatales, generó vacíos operativos en plena temporada de alto riesgo climático y en medio de una crisis persistente de opioides.
“Las comunidades pagaron el precio mientras recursos críticos fueron desviados”, ha señalado la oficina de Newsom en referencia al impacto del operativo, al que califica como una decisión federal de carácter político con efectos directos en la seguridad estatal.
El gobierno de California presentó acciones legales en su momento para frenar la federalización de las tropas, argumentando que se trató de una intervención indebida. Posteriormente, decisiones del Tribunal del Noveno Circuito limitaron la medida y obligaron a la devolución del control de la Guardia Nacional al estado.
Mientras tanto, unidades antidrogas de la Guardia Nacional continúan reportando incautaciones significativas de fentanilo y narcóticos, cifras que autoridades estatales utilizan para subrayar el costo de haber desviado personal de esas funciones durante el despliegue.
A casi un año de los hechos, el gasto sigue acumulándose y, con él, el debate sobre el uso de fuerzas militares en tareas internas y su impacto en la seguridad y los recursos públicos de California.