Dos casos de tuberculosis detectados en el Centro de Detención de Otay Mesa no fueron reportados por el personal médico de la instalación al Departamento de Salud Pública del Condado de San Diego. El condado tuvo conocimiento de los casos a través de un proveedor externo de servicios de análisis médicos y, según un informe de inspección publicado el pasado lunes, el centro tardó varias semanas en colaborar con la investigación.
La situación constituye uno de los principales hallazgos de la inspección sanitaria y ambiental realizada el pasado 12 de junio, después de que el condado acudiera a tribunales para obtener acceso a las instalaciones operadas por CoreCivic bajo contrato con el gobierno federal.
La oficial de Salud Pública del condado, Sayone Thihalolipavan, señaló que la tuberculosis requiere una notificación inmediata y coordinación entre las autoridades sanitarias para identificar a las personas expuestas, iniciar tratamientos y evitar nuevos contagios.
Thihalolipavan afirmó que la falta de comunicación oportuna representa una infracción al protocolo de salud pública y un riesgo para las personas detenidas, empleados, visitantes y la comunidad.
El informe también señala que el problema de comunicación con las autoridades sanitarias ya había sido documentado en un informe de la Fiscalía General de California derivado de una inspección realizada en 2025.
Aunque el informe concluyó que, al momento de la inspección, las condiciones generales de la instalación cumplían con los estándares estatales recomendados para centros de detención, los inspectores identificaron otros problemas. Entre ellos se encuentra el caso de una persona que, de acuerdo con el informe, llevaba 18 meses en el centro sin recibir un dispositivo médico que necesitaba. También se documentó la falta de disponibilidad de vacunas recomendadas.
Paloma Aguirre, presidenta interina de la Junta de Supervisores, sostuvo que los hallazgos justifican la necesidad de mantener la supervisión sanitaria de la instalación. “Dos casos de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que se transmite por el aire y no se detiene en las inmediaciones de un edificio”, afirmó Aguirre.
Terra Lawson-Remer, presidenta de la Junta de Supervisores, presentó la acción legal junto con Aguirre para conseguir acceso al centro. Tras la publicación del informe, sostuvo que la supervisión no debe limitarse a una sola inspección.
El centro fue vendido recientemente al gobierno federal, pero CoreCivic continúa operándolo.
