Para un adolescente que busca respuestas sobre cómo evitar un embarazo o una infección de transmisión sexual, la diferencia entre recibir información sobre anticonceptivos o escuchar únicamente sobre abstinencia puede ser mucho más que una discusión política.
Esa es, en parte, la disputa que llegó a los tribunales después de que la administración de Donald Trump modificara las reglas del Programa de Prevención del Embarazo Adolescente, un programa federal que financia iniciativas educativas dirigidas a jóvenes en distintas partes del país.
El miércoles 19 de agosto, el juez federal Christopher Cooper bloqueó temporalmente esos nuevos criterios. Su decisión impide que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) los utilice para distribuir los fondos del programa mientras continúa el proceso judicial.
El fallo supone un freno al intento de orientar estos programas hacia la abstinencia y reducir la enseñanza sobre anticonceptivos. Sin embargo, el dinero que ya fue retirado durante el verano no regresa con esta decisión.
Los defensores de los programas de educación sexual advierten que reducir el acceso a información sobre anticoncepción y prevención podría poner en riesgo los avances logrados durante décadas en la reducción de embarazos no intencionales entre adolescentes.
