Por décadas, las familias latinas de California han contribuido a un sistema que cada año pide más: más impuestos, más cuotas y más promesas. Este noviembre, los votantes tienen la oportunidad de exigir algo distinto. Esta publicación exhorta a sus lectores a votar SÍ por la Proposición 41, la Ley para Mejorar la Transparencia, la Eficacia y la Eficiencia del Gobierno de California (Improving Transparency, Effectiveness, and Efficiency in California Government Act).
La Proposición 41 no aumenta ni un solo impuesto. No recorta ni un solo programa. Lo que hace es simple y no debería ser motivo de controversia: antes de imponer cualquier impuesto especial estatal nuevo para financiar un programa, el Auditor Estatal independiente debe realizar primero una auditoría financiera y de desempeño de ese programa. Una vez aprobado, el Auditor continúa monitoreando el gasto para detectar despilfarro, fraude y abuso, y recomendar correcciones. Esos hallazgos se publican donde todos los votantes puedan verlos, incluyendo en la Guía Oficial de Información para el Votante del Estado.
Ya hemos visto lo que ocurre sin ese tipo de supervisión. El gasto estatal ha aumentado un 79 por ciento desde 2019, y sin embargo nuestras comunidades siguen teniendo dificultades con las mismas escuelas con fondos insuficientes, las mismas clínicas saturadas y la misma crisis no resuelta de personas sin hogar que los nuevos impuestos supuestamente iban a solucionar. Auditorías independientes han descubierto miles de millones de dólares en fraude y mala administración en programas estatales. Dinero que debió llegar a las familias que más lo necesitaban, desapareció sin explicación.
Demasiados de nuestros vecinos trabajan en dos empleos, pagan sus impuestos con puntualidad, y ven cómo los programas estatales prometen un alivio que nunca llega. Muchos dueños de pequeños negocios aportan a fondos destinados para impulsar a nuestras comunidades, solo para enterarse años después de que los auditores encontraron que ese dinero fue mal administrado. La Proposición 41 no resolverá todos los problemas de Sacramento, pero significa que conoceremos el plan antes de que sea financiado, y que alguien seguirá vigilando una vez que el dinero empiece a moverse.
Los críticos dicen que las auditorías retrasan las cosas, pero unos meses de revisión independiente son un precio pequeño a cambio de asegurar que miles de millones de dólares realmente lleguen a quienes los necesitan. La Proposición 41 también exige que los nuevos impuestos cumplan con el límite de gasto que los votantes del estado ya aprobaron, de manera que los ingresos recaudados, más allá de lo que un programa necesita, se devuelvan a los contribuyentes que los aportaron, en lugar de ser absorbidos permanentemente en el fondo general.
Esta medida ha logrado el respaldo de una coalición amplia y notablemente no partidista: grupos de contribuyentes, asociaciones de pequeños negocios, contadores y profesionales de auditoría, y organizaciones incluyendo la Cámara de Comercio Hispana de California. Esa diversidad de apoyo demuestra que nuestra comunidad busca que su gobierno actúe con honestidad y transparencia, y que rinda cuentas a quienes lo financian.
La rendición de cuentas no es un valor partidista, sino lo que esperamos de cualquiera a quien confiamos nuestro dinero. Sacramento no puede seguir pidiéndole a la comunidad que confíe en que sus dólares de impuestos se están gastando bien, sin darle las herramientas para comprobarlo.
La Proposición 41 devuelve esa capacidad de verificar a los votantes, en un lenguaje claro, antes y después de que el dinero se mueva. Eso no es una exigencia partidista, sino un estándar básico de buen gobierno, y uno que esta comunidad merece.
Este noviembre, exhortamos a nuestros lectores a votar SÍ por la Proposición 41.
