SAN FRANCISCO, California.— Un juez del Tribunal Superior de San Francisco anuló las regulaciones promovidas por la Oficina de Control del Juego de California que buscaban restringir diversos juegos de mesa operados en salas de cartas autorizadas en el estado, una decisión que fue celebrada por la industria del juego y por gobiernos locales que advertían sobre posibles impactos económicos y fiscales.
El fallo fue emitido por el juez Richard Darwin, quien concluyó que la Oficina de Control del Juego (Bureau of Gambling Control), dependencia adscrita al Departamento de Justicia de California y encabezada por el fiscal general Rob Bonta, excedió la autoridad que le confiere la ley al intentar imponer restricciones de alcance estatal sobre juegos que, según los demandantes, han operado legalmente durante décadas en las salas de cartas del estado.
De acuerdo con los argumentos presentados durante el litigio, las regulaciones habrían prohibido o limitado significativamente varios de los juegos más populares en los establecimientos autorizados, una medida que, según representantes del sector, podría haber reducido hasta en un 50 por ciento los ingresos de la industria.
La decisión judicial representa un alivio para los operadores de salas de cartas y para diversas ciudades que reciben ingresos fiscales derivados de estas actividades económicas.
“Durante más de un año hemos sostenido que este caso trata de mucho más que el juego; se trata de si el fiscal general y sus reguladores pueden ignorar a la Legislatura y reescribir unilateralmente décadas de legislación establecida”, declaró Kyle Kirkland, presidente de la California Gaming Association.
Kirkland afirmó que el tribunal dejó claro que las agencias reguladoras no pueden sustituir el papel de los legisladores estatales en la definición de políticas públicas relacionadas con el juego.
Según la asociación, de haberse mantenido las regulaciones, numerosas salas de cartas habrían enfrentado cierres o reducciones de operaciones, poniendo en riesgo miles de empleos y afectando ingresos utilizados por gobiernos locales para financiar servicios públicos como seguridad, parques, bibliotecas y programas juveniles.
El tribunal sostuvo que la Oficina de Control del Juego tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes estatales vigentes, pero no la facultad de modificar sustancialmente el marco regulatorio mediante acciones administrativas de alcance general.
La industria de las salas de cartas sostiene que estos establecimientos generan cientos de millones de dólares anuales para gobiernos municipales y proporcionan miles de empleos en distintas regiones del estado.
Durante el proceso judicial, representantes de gobiernos locales, trabajadores y organizaciones laborales manifestaron preocupación por las posibles consecuencias económicas de las nuevas reglas. Según los opositores a las regulaciones, la reducción de ingresos habría impactado directamente la prestación de servicios esenciales en diversas comunidades.
Por su parte, los promotores de las regulaciones habían argumentado que los cambios eran necesarios para fortalecer la supervisión del sector y garantizar el cumplimiento de las leyes estatales relacionadas con las actividades de juego.
La resolución del juez Darwin no modifica las leyes existentes sobre salas de cartas, pero establece que cualquier cambio significativo en la política estatal sobre juegos de azar deberá ser aprobado por la Legislatura de California y no mediante decisiones administrativas adoptadas por organismos reguladores.
El fallo representa una victoria legal para la industria de las salas de cartas y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la regulación del juego en California, un sector donde históricamente han coexistido intereses de operadores comerciales, gobiernos locales y tribus indígenas con operaciones de casinos autorizadas por ley.
