SAN DIEGO.- La reciente decisión del gobierno estadounidense de llevar a cabo revisiones anuales del Tratado Libre Comercio del Norte e América (TLCAN) entre Estados Unidos, México y Canadá, genera un grado de incertidumbre para el sector privado.
Ello lo reconoció el Dr. Alejandro Díaz Bautista, Investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y experto en Economía Internacional.
INCERTIDUMBRE REGULATORIA
El estudioso en asuntos de comercio internacional consideró que “desde una perspectiva económica, el tránsito a revisiones anuales agrega una capa de incertidumbre regulatoria que puede elevar primas de riesgo en decisiones de inversión a mediano plazo”.
Y ejemplificó que esta incertidumbre se observaría principalmente en sectores con ciclos de capital intensive como son como son los ramos automotriz, el de semiconductores, de energías limpias y lógica transfronteriza.
Detalló que en el caso de México, principal socio comercial de Estados Unidos, el nuevo esquema de revisión anual ofrece tanto retos como oportunidades:
ACELERAR SOLUCIÓN
DE LAS CONTROVERSIAS
“ Por el lado de los retos”, consideró Díaz Bautista, “ el escrutinio anual puede intensificar presiones sobre temas sensibles como el contenido regional automotriz, cumplimiento laboral sectorial, disciplinas energéticas y medidas en acero, aluminio y productos madereros”.
En cuanto a las oportunidades, un ajuste periódico anual “permite modular ajustes técnicos, acelerar solución de controversias y anclar agendas de competitividad regional, Nearshoring”,(estrategia en la que una empresa traslada fábricas o servicios a un país cercano o vecino como sería México), “facilitación aduanera, comercio digital y cadenas críticas, con plazos y métricas verificables”.
Por el lado de las oportunidades, un calendario de interacción frecuente permite modular ajustes técnicos, acelerar solución de controversias y anclar agendas de competitividad regional, Nearshoring, facilitación aduanera, comercio digital y cadenas críticas, con plazos y métricas verificables. En términos de política pública, la prioridad será reducir la incertidumbre percibida por el sector privado.
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