Para las comunidades de inmigrantes en toda California, la privacidad de los datos es una cuestión de seguridad y supervivencia.
Esto lo recordó la organización Asian Americans Advancing Justice Southern California (AJSOCAL, por sus siglas en inglés) somos testigos directos de estas preocupaciones.
.Y advirtió que “las amenazas son especialmente graves para la comunidad asiático-estadounidense, pues casi 6 de cada 10 personas nacieron en el extranjero y se estima que 1 de cada 7 inmigrantes asiáticos carece de documentos legales”.
Subrayó la AJSOCAL que la privacidad representa”la primera línea de defensa frente a la vigilancia del ICE y una administración agresiva empeñada en extralimitarse en sus funciones gubernamentales”.
Aunque no lo mencionó de manera implícita la organización vale destacar que en esa misma condición estaría la información que comparten todos los inmigrantes (sin importar el grupo social al que pertenecen) para conseguir empleo, acceder a servicios de salud, obtener asistencia legal o desenvolverse en la vida cotidiana puede revelar detalles sumamente delicados, como el estatus migratorio, los vínculos familiares o los desplazamientos diarios.
Estas preocupaciones, puntualizó AJSOCAL, se han intensificado a medida que las autoridades federales de inmigración recurren cada vez más a datos disponibles comercialmente para llevar a cabo acciones de control migratorio.
“El temor al uso indebido de los datos afecta a todos los inmigrantes y a las víctimas de abusos. Cualquier información personal puede convertirse en un instrumento para perpetuar el abuso si cae en manos equivocadas”, se informó en un reporte de prensa.
(Y) “En Asian Americans Advancing Justice Southern California”, se señaló, “somos testigos directos de estas preocupaciones”.Nuestra cliente, la Sra. M, llegó a Estados Unidos después de que su esposo —quien ejercía violencia contra ella— solicitara su inmigración.
Aislada por las barreras lingüísticas y sometida a graves abusos y control coercitivo, posteriormente fue excluida de los procedimientos de divorcio y custodia, lo que resultó en su expulsión del hogar familiar y en la pérdida de la custodia de su hijo.
Tras ponerse a salvo, la confidencialidad se volvió crucial. Su agresor había localizado previamente a su ex esposa y la había amenazado tras ubicar un refugio para mujeres e identificar a la trabajadora social a cargo de su caso.
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