En 1970, un grupo de residentes de Barrio Logan entró a un edificio abandonado y se negó a desocuparlo hasta que el vecindario tuviera una clínica propia. Ese edificio se convirtió en Family Health Centers of San Diego, hoy uno de los diez centros de salud comunitarios más grandes del país, que atiende a más de 227,000 pacientes al año en más de 90 sedes en todo el condado. Este es exactamente el tipo de institución que la Proposición 44 dice proteger. Un análisis detenido de la medida demuestra lo contrario, y esta publicación recomienda votar NO este noviembre.
La Proposición 44 exigiría que las clínicas comunitarias sin fines de lucro destinen al menos el 90 por ciento de sus ingresos a lo que la medida llama “servicios del programa.” Presentado de esa manera, es fácil pensar que la medida simplemente pide que las clínicas se enfoquen en los pacientes. La letra pequeña cuenta una historia distinta.
Los supervisores de enfermería y los directores médicos no cuentan como servicios del programa. Tampoco cuentan los intérpretes que hacen posible una consulta para un paciente con dominio limitado del idioma inglés, el personal que guía a una familia por los trámites de inscripción a Medi-Cal, ni los conductores que llevan a alguien a una cita a la que de otro modo no podría llegar. Construir o ampliar una clínica tampoco cuenta. Al eliminar esas funciones de la contabilidad, una clínica puede estar haciendo todo bien y aun así no alcanzar una cifra arbitraria.
Berkeley Research Group, una firma de investigación en salud, calcula que la medida desviaría 1,700 millones de dólares de las clínicas comunitarias en todo el estado y llevaría a casi dos tercios de ellas a números rojos. El Analista Legislativo no partidista de California llega a una conclusión similar, de forma más directa: algunas clínicas podrían verse obligadas a cerrar. Los pacientes que pierdan acceso a una clínica y terminen en cambio en una sala de emergencias, elevarían los costos de atención médica en todo el estado en más de mil millones de dólares al año. El Fiscal General del estado, no un médico ni un miembro de la junta directiva de una clínica, decidirá qué gastos califican, y las clínicas que no alcancen la meta deberán pagar una multa que sale del mismo presupuesto destinado a la atención a los pacientes.
Las clínicas comunitarias ya están absorbiendo recortes de fondos federales que se aplicarán gradualmente en los próximos años. Esos recortes golpean con más fuerza a las clínicas que atienden a familias de bajos ingresos e inmigrantes que no pueden darse el lujo de buscar atención en otro lugar. Sumar una nueva sanción estatal a eso hace más difícil que la clínica del vecindario siga abierta el tiempo suficiente para atenderlas. Más de 1.6 millones de niños en California, incluidos los estudiantes que reciben atención en centros de salud escolares, dependen de un sistema al que la Proposición 44 sometería a más presión financiera.
La ley federal ya exige que estas clínicas tengan una mayoría de pacientes como parte de sus juntas directivas, y ya se someten cada año a estrictas auditorías estatales y federales. La Proposición 44 no añade más supervisión. Es un mandato que castiga a las clínicas por gastar dinero en el personal y los servicios que los pacientes necesitan para poder entrar por la puerta.
Es probable que por eso la medida sea rechazada por quienes dirigen estas clínicas día a día: California Primary Care Association, California Medical Association, California Hospital Association y California Academy of Family Physicians, junto con sistemas de clínicas como Family Health Centers of San Diego. Ellos saben lo que una fórmula del 90 por ciento deja fuera, porque son quienes tendrían que explicárselo a un paciente.
Esta publicación recomienda votar NO a la Proposición 44.
