Mientras el México facilita que niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos, hijos de mexicanos, obtengan documentación de ese país mediante una muy promovida estrategia llamada “Soy México”, al mismo tiempo, y de forma un tanto contradictoria, una reforma constitucional establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.
Luego de que la Cámara de Diputados aprobó la reforma el pasado 22 de septiembre y el Senado la avalara el 29 del mismo mes con 86 votos a favor y 42 en contra, la minuta fue enviada a los congresos estatales, como establece el procedimiento para modificar la Constitución.
Al día de hoy, al menos 20 congresos estatales han aprobado la reforma, superando las 17 legislaturas que representan la mayoría requerida por el artículo 135 constitucional. Entre las entidades que ya la avalaron se encuentran Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
El proceso constitucional aún requiere la declaratoria correspondiente y la promulgación y publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación para poder presentarse como una norma constitucional vigente.
La reforma, prevista para aplicarse a partir del proceso electoral de 2028, no modifica de manera general el derecho de los mexicanos a tener doble nacionalidad. La restricción se dirige únicamente a quienes pretendan encabezar el Poder Ejecutivo federal, un gobierno estatal o la Jefatura de Gobierno capitalina.
Esta reforma establece que quienes aspiren a esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos y si poseen una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura, además, durante el ejercicio del cargo tampoco podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
Quienes impulsan la reforma han defendido la nacionalidad única como una condición para fortalecer la soberanía y establecer un vínculo jurídico exclusivo con México. Durante la discusión en el Senado, legisladores de Morena argumentaron que quienes encabecen los poderes ejecutivos no deben mantener derechos u obligaciones frente a otro país.
El senador Saúl Monreal Ávila sostuvo que la reforma establece un principio de nacionalidad mexicana única para las responsabilidades del Poder Ejecutivo, mientras que el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara señaló que busca definir un perfil específico para quienes accedan a esos cargos.
La reforma también recibió cuestionamientos durante el debate legislativo. El senador Miguel Márquez Márquez sostuvo que tener dos nacionalidades no hace a una persona menos mexicana y que la Constitución reconoce la nacionalidad mexicana como irrenunciable. La senadora Alma Carolina Viggiano, por su parte, argumentó que la modificación restringe derechos políticos.
CUESTIONADA RESTRICCIÓN
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) calificó la reforma como “regresiva” y expresó su rechazo al dictamen.
En un comunicado, la organización sostuvo que México reconoce jurídicamente la doble nacionalidad desde la reforma constitucional de 1997 y que la nueva disposición limita los derechos políticos de mexicanos por nacimiento que poseen otra nacionalidad por circunstancias familiares o de nacimiento.
JUFED cuestionó particularmente que la posesión de una segunda nacionalidad pueda utilizarse como elemento para presumir una falta de lealtad.
“Una sola nacionalidad no garantiza que una persona respete la ley al aspirar a un cargo político y ejercerlo, como tampoco tener dos nacionalidades demuestra que se vaya a incumplir con las obligaciones frente al Estado mexicano”, planteó la organización.
También advirtió que colocar la restricción directamente en la Constitución reduce las posibilidades de impugnación y puede limitar la participación política de personas con trayectorias internacionales.
El planteamiento coincide con la distinción formulada por José María Soberanes Díez, docente de la Maestría en Derecho de CETYS Universidad Campus Tijuana.
“La nacionalidad y la lealtad son conceptos distintos: la primera constituye un vínculo jurídico, mientras que la segunda se manifiesta a través de la conducta”, señaló el académico.
Soberanes Díez explicó que una persona con una sola nacionalidad puede actuar en beneficio de intereses extranjeros, mientras que alguien con dos nacionalidades puede mantener sus vínculos y obligaciones con México. Por ello, planteó analizar si exigir nacionalidad exclusiva es un mecanismo adecuado y proporcional para garantizar el compromiso de quienes ocupen los principales cargos ejecutivos.
PODER DESDE LA FRONTERA
Territorios fronterizos cuentan con antecedentes de funcionarios mexicanos que han ejercido cargos ejecutivos pese a tener vínculos de nacionalidad estadounidense, tal es el caso de Jaime Bonilla Valdez quien gobernó el vecino estado de Baja California de 2019 a 2021. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) documentó previamente que Bonilla tenía nacionalidad mexicana y estadounidense. La sentencia SUP-REC-155/2012 señaló que se había ostentado como ciudadano estadounidense ante autoridades de este país y que había sido elegido integrante de la Junta Directiva del Otay Water District, en California, donde prestó el juramento correspondiente. Posteriormente obtuvo un certificado de nacionalidad mexicana expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Cuando contendió por la gubernatura de Baja California en 2019, la condición de nacionalidad volvió a ser impugnada. El TEPJF confirmó la validez de su elección y consideró infundados los argumentos que cuestionaban su elegibilidad por nacionalidad y residencia.
Otro caso es el de Javier Corral Jurado, quien fue gobernador de Chihuahua entre 2016 y 2021. Corral nació el 2 de agosto de 1966 en el condado de El Paso, Texas, pero en 1991, la Secretaría de Relaciones Exteriores le expidió un certificado de nacionalidad mexicana por ser hijo de padres mexicano y en 2024, al revisar su registro como candidato de Morena al Senado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció esta condición de doble nacionalidad.
El caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas entre 2016 y 2022, también aparece en los antecedentes. En un expediente electoral de 2024, el TEPJF incorporó información del Instituto Nacional de Migración en la que figuraba con las nacionalidades “Mexicano y Estadounidense”. La sentencia, sin embargo, no resolvió su situación electoral a partir de la doble nacionalidad.
Ernesto Ruffo Appel, gobernador de Baja California entre 1989 y 1995, nació en San Diego, California. Su condición también fue objeto de una controversia electoral posterior relacionada con la exigencia de renunciar a la ciudadanía estadounidense.
Estos antecedentes muestran que la presencia de personas con vínculos jurídicos y personales con Estados Unidos en la política mexicana no es nueva y que, bajo las reglas anteriores, esa circunstancia no constituyó por sí misma una prohibición absoluta para ejercer una gubernatura.
Es principalmente en los estados fronterizos donde la doble nacionalidad forma parte de la historia migratoria de numerosas familias y aunque la estrategia “Soy México” fue creada y promovida, hasta el pasado 30 de septiembre, como una forma de reconocer esa realidad y facilitó el registro de niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos que crecen, estudian y desarrollan su vida entre ambos territorios, ahora esas mismas personas podrían enfrentar en el futuro una condición distinta si pretenden acceder a los cargos ejecutivos contemplados en la reforma.
GOLPE A LA COMUNIDAD MIGRANTE
La doble nacionalidad tampoco puede separarse de las causas que han llevado durante décadas a millones de mexicanos a vivir fuera del país. Entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026, el Gobierno de México reportó 271 mil 193 connacionales repatriados desde Estados Unidos: 171 mil 508 por vía terrestre y 99 mil 685 por vía aérea.
Durante 2025, la Unidad de Política Migratoria registró además 5 mil 439 eventos de devolución de niñas, niños y adolescentes mexicanos desde Estados Unidos. La estadística corresponde a eventos y no necesariamente a personas únicas.
Aunque los registros no permiten establecer cuántos hijos nacidos en Estados Unidos de personas deportadas o repatriadas crecerán en México, sí muestran, sin embargo, un escenario en el que personas nacidas en territorio estadounidense pueden desarrollar su educación, vínculos familiares y vida profesional en México.
Las causas de la emigración tampoco son uniformes. El INEGI reportó que, entre quienes emigraron internacionalmente en 2023, 82.4 por ciento señaló la búsqueda o cambio de trabajo como causa, 7.8 por ciento la reunificación familiar, 5.3 por ciento los estudios y 0.5 por ciento la inseguridad pública o violencia. En el Censo 2020, la inseguridad delictiva o violencia fue señalada como causa por 4 por ciento de las personas que cambiaron de residencia.
La migración mexicana está vinculada principalmente con factores laborales, familiares y educativos, pero también con contextos de inseguridad. Esos procesos han contribuido a formar familias binacionales cuyos integrantes mantienen vínculos jurídicos y sociales con México y Estados Unidos.
Si bien es cierto que la reforma no elimina la doble nacionalidad para la población mexicana en general. Establece una condición específica para quienes pretendan ejercer los principales cargos ejecutivos.
Su aprobación por el Congreso de la Unión y por más de la mitad de las legislaturas locales significa que el debate ya no se limita a una iniciativa en discusión. El Congreso federal deberá realizar la declaratoria correspondiente una vez formalizado el cómputo de los votos estatales, para después continuar con la promulgación y publicación del decreto.
Para JUFED, sustituir el análisis individual de las obligaciones y conducta de una persona por una prohibición constitucional basada en la doble nacionalidad constituye un retroceso en el reconocimiento de derechos políticos. Para quienes respaldaron la reforma, la nacionalidad única establece una condición de certeza y un vínculo exclusivo con México para quienes ejercerán el poder ejecutivo.
Así, el debate queda planteado entre dos conceptos que no necesariamente son equivalentes: nacionalidad y lealtad. La reforma parte de que quienes encabecen los poderes ejecutivos deben mantener una relación jurídica exclusiva con México. Sus críticos sostienen que una segunda nacionalidad, adquirida por nacimiento o filiación, no demuestra por sí misma una conducta contraria a los intereses del país.
En una nación cuya historia incluye décadas de migración, familias binacionales, retornos y una política pública que busca incorporar a México a personas nacidas en Estados Unidos, la nueva regla introduce una distinción que hasta ahora no existía: una condición jurídica que el Estado reconoce para la población en general podría convertirse, para quienes aspiren a gobernar, en un requisito que obligue a elegir entre conservar otra nacionalidad o competir por uno de los principales cargos ejecutivos del país.
