Elías dijo sentirse vulnerable ahora que la Suprema Corte de la nación restituyó las deportaciones por delitos menores.
“Ojalá la propuesta del presidente Biden de dar residencia legal temporal a los indocumentados no vaya a tardar, porque mientras tanto sí estoy corriendo riesgos” al ir a trabajar a un restaurante en North Park.
Elías fue arrestado en 1992 por conducir bajo efectos del alcohol. “Me acurdo que esa noche pensé ‘nada más cuando mucho tres cervezas’ pero tan solo con eso fue suficiente para que le detuvieran”, aunque por suerte en ese tiempo podía portar licencia de conducir de California.
“La cosa está en que me llevaron a la cárcel como tres días, porque fue un viernes, y había que esperar hasta el lunes para que me sentenciaran”, lo que consistió solo en una multa.
Pero ahora, casi 30 años después, aquella detención regresa como un fantasma, dijo, porque habló con su abogada y ella le dijo que tuviera mucho cuidado y le platicó de la decisión de la Suprema Corte.
“Mi esperanza es que con la residencia que ofrece el presidente Biden me acepten a mí; no tengo ningún otro antecedente”, dijo Elías.
Pero desde esta semana se convirtió en uno de cientos de miles de migrantes que están de nuevo en riesgo de deportación por delitos menores que hasta recientemente se pagaban con multas o unos cuantos días en detención.
En la Corte Suprema, hace unos días, cinco jueces conservadores fallaron en contra del migrante mexicano Clemente Pereira, padre de tres hijos entre quienes uno es un dreamer y otro es ciudadano estadunidense.
Pereira ha vivido 25 años en Estados Unidos pero había sido detenido por usar un Seguro Social ajeno para poder trabajar.
En el texto de la decisión, los jueces establecieron que “los inmigrantes que quieran detener deportación, deben demostrar que no han sido condenados por delitos que los descalifiquen para estar en el país”.
Esto significa que cuando un migrante es detenido, para impedir que sea deportado tiene que demostrar a una corte que es una persona moral, respetable, aceptable por la sociedad.
Luego de la decisión de la Corte Suprema, el Departamento de Seguridad presentó una lista de delitos por los que los migrantes ahora podrían ser deportados, como acusaciones de violencia doméstica, conducir bajo electos del alcohol, intentar salir de una tienda sin pagar algún artículo, conducta desordenada, prostitución o faltar a una cita ante una corte.
En estos casos la aplicación depende del estado en que se cometió la falta; por ejemplo, si en California alguien intenta robar una barra de chocolate, tiene que pagar una multa y posiblemente tendrá que tomar un curso, pero puede ser motivo de sentencia de cárcel en otros estados.
El usar documento de otra persona para conseguir trabajo, como en el caso del migrante Pereira, sobre quien decidió la Suprema Corte, puede ser delito menor en algunos estados, pero equivalente a robo de identidad y fraude en otros.
Según expertos, la decisión de la Corte Suprema pone más presión a los migrantes, quienes ahora deberán demostrar por qué no deben ser deportados si cometieron delitos menores.