SAN DIEGO, CA — Durante casi tres años, el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado una política llamada “Título 42” para expulsar sin el debido proceso a las personas que buscan asilo, bajo el pretexto de la pandemia.
La anterior consideración la hizo la organización de defensa de los inmigrantes llamada Innovation Law Lab.
Advirtió la organización que “la política, responsable de innumerables casos de secuestro, tortura, robo y asesinato de personas desplazadas—especialmente personas negras, indígenas y otras personas de color y de la comunidad LGBTQI+—se iba a suspender 21 de diciembre)”, lo cual no ocurrió.
de los Estados Unidos suspendió una orden de una Corte de Distrito que había declarado que la política era ilegal.
Y advirtió que “si bien el Título 42 sigue siendo objeto de debate y litigio en Washington y en las cortes, hay personas de todo el mundo que continúan buscando protección internacional y una oportunidad para escapar de la violencia de la persecución política y la discriminación, entre otras injusticias”.
“Personas que huyen del peligro”
Y precisó que “el objetivo de las organizaciones miembros del Grupo de Trabajo de Bienvenida de California es promover el respeto por el derecho a solicitar asilo, y brindar servicios necesarios a las personas que huyen del peligro”.
“Estamos unidas (os) en nuestra oposición a los alarmantes esfuerzos de atacar y criminalizar a las personas desplazadas y al trabajo de las organizaciones de derechos humanos a lo largo de la frontera, en otras partes de Estados Unidos y en todo el mundo.
“Seguimos dispuestas (os) a trabajar con otros grupos de la sociedad civil y con todos los niveles de gobierno para construir y mantener infraestructura y redes para recibir a las personas en la frontera entre Estados Unidos y México con humanidad, responsabilidad y dignidad”, anticipó El Grupo de Trabajo de Bienvenida a California.
“Que implementen políticas”
“Trabajando juntas (os), sabemos que podemos lograrlo. Hacemos un llamado a todos los niveles de gobierno a que implementen políticas y brinden los recursos necesarios para hacerlo”, agregó.
Sobre este tema, Nicole Ramos, director del Proyecto de Derechos en la Frontera, Al Otro Lado, señaló que “mientras que los ‘líderes’ de nuestra nación hablan de la mentira de que el gobierno de los Estados Unidos es un campeón de los derechos humanos, un país que se adhiere estrictamente al ‘estado de derecho’, una y otra vez nos muestran su verdadera cara, que lo que realmente quieren es un mundo de muros y alambre de púas”.
“Un mundo donde miles de seres humanos que habrían sobrevivido”, continuó Ramos, “
terminan muertos en la puerta de nuestro país mientras inventamos excusas para una frontera cerrada, negando a las personas refugiadas el derecho a acceder al único proceso legal disponible para salvar sus vidas”.
“Tienen el derecho legal de buscar protección”
Sobre esta controversial disposición, Kate Clark, directora de Servicios de Inmigración Jewish Family Service of San Diego (Servicios de Inmigración de los Judíos en San Diego) puso énfasis en que “las personas solicitantes de asilo tienen el derecho legal de buscar protección en los Estados Unidos, y el fin total–por el cual se ha esperado un tiempo demasiado largo–del Título 42, será una restauración clave de ese derecho”.
“Mientras esperamos el fin del Título 42, miles de familias e individuos vulnerables que necesitan protección desesperadamente continúan en condiciones peligrosas y sin alivio”, dijo.
Y remachó: “Esta realidad es inaceptable, y hacemos un llamado al gobierno federal para que haga su parte para poner fin a esta práctica inhumana de una vez por todas, mientras construye la infraestructura necesaria para apoyarla”.
“No podemos seguir dando la espalda”
Por su parte, Norma Chávez, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles Americanas para los condados de San Diego e Imperial (ACLU, por sus siglas en inglés), consideró que
“El derecho a solicitar asilo es un derecho humano y no podemos seguir dando la espalda a las personas que buscan protección frente a la violencia y la persecución”.
“Ya es hora de poner fin al Título 42. Cada día que se permite que continúe esta política inhumana”, manifestó Chávez, “las vidas de las personas están en peligro. Ahora más que nunca, el gobierno federal debe dedicar rápidamente los recursos necesarios para permitir que las personas ejerzan el derecho a buscar protección en los Estados Unidos, con dignidad y respeto”.
“Durante años”, puntualizó, “las organizaciones sin fines de lucro de ambos lados de la frontera se han enfrentado a este desafío. Los Servicios de Albergue para Migrantes de la Red de Respuesta Rápida de San Diego, operado por Jewish Family Service of San Diego, ha recibido a más de 110,000 personas desde octubre de 2018, brindando refugio, administración de casos, apoyo legal, asistencia financiera y de viaje, y más”.
“California ha desarrollado un modelo de colaboración entre las organizaciones comunitarias y todos los niveles de gobierno”, subrayó.
“Ahora necesitamos”, expresó, “que el gobierno federal dedique los recursos suficientes para apoyar una respuesta humana y una bienvenida”.
“No se debe temer a las personas que buscan seguridad y protección”
Margaret Cargioli, Abogada-Director de Litigio e Incidencia Immigrant Defenders Law Center (Centro Legal de Defensa), dijo que “no se debe temer a las personas que buscan seguridad y protección, nuestra respuesta debe ser darles la bienvenida y brindarles acceso a recursos que salvan vidas”.
“Estamos dispuestos a ayudar a las personas solicitantes de asilo a navegar su proceso de inmigración junto con nuestros socios en la frontera, y estamos preparados para trabajar en conjunto con los gobiernos local, estatal y federal para brindarles servicios legales de alta calidad”, manifesto Cargioli.
En el mismo sentido, Pedro Rios, director del Programa Fronterizo Estados Unidos-México, de American Friends Service Committee, señaló que “la promesa de asilo es un derecho consagrado bajo la ley federal y los acuerdos internacionales con la intención de responder a la tiranía y la desesperación que obliga a miles de personas a huir de sus países de origen”.
“Ponen en peligro la vida” de los solicitantes de asilo
Y añadió: “Estados Unidos socava esa promesa cada día que el Título 42 sigue vigente, y pone en peligro la vida de quienes buscan refugio del daño”.
Hacemos un llamado”, continuó, “a la Administración de Biden para que rechace los esfuerzos que socavan el derecho al asilo, incluidas sus propias propuestas para adoptar medidas contra el asilo que fomentarán el desprecio de las personas solicitantes de asilo”
“Debe trabajar de manera proactiva con, y brindar recursos a, las organizaciones locales, estatales y de la sociedad civil para responder a las necesidades humanitarias de las personas solicitantes de asilo”, puntualizó Ríos.
“Cruel ironía”
Andrea Guerrero, directora ejecutiva para Alliance San Diego, indicó que “es imperativo que la administración Biden respete nuestras obligaciones en materia de los derechos humanos para brindar acceso al asilo a las personas perseguidas en sus países de origen”.
Isa Peña, directora de Strategy for Innovation Lab, manifestó por su lado que “la cruel ironía de la postura antagónica del gobierno de los Estados Unidos hacia las personas que buscan asilo es que muchas están huyendo de condiciones extractivistas por encima del bienestar de las personas”. “Mientras Estados Unidos siga apoyando a gobiernos y políticas que crean situaciones violentas y desesperadas para las personas, esas personas serán desplazadas por la fuerza y buscarán refugio, incluso en los Estados Unidos. Siempre debemos esforzarnos por hacer que EE.UU. sea un lugar inclusivo, acogedor y equitativo para todas y todos”, consider finalmente Peña.
