Washington, D.C.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una amplia propuesta legislativa que contempla una inversión histórica en medidas de control migratorio, con recursos destinados a deportaciones masivas, centros de detención y la ampliación del muro fronterizo.
El proyecto, impulsado por la administración del presidente Donald Trump, forma parte de un paquete fiscal que también plantea transformaciones significativas en programas sociales como Medicaid y SNAP, además de reformas tributarias que incrementarán el déficit nacional.
El plan, aprobado en una votación cerrada de 215 votos a favor frente a 214 en contra, destina más de 140 mil millones de dólares a seguridad fronteriza e inmigración.
La iniciativa contempla 50 mil millones para continuar la construcción del muro, 45 mil millones para nuevas instalaciones de detención, 8 mil millones para reforzar la plantilla de oficiales migratorios y 14 mil millones para operaciones de deportación.
Además, se prevén aumentos salariales para agentes de ICE y CBP, y la creación de un sistema nacional de defensa antimisiles conocido como “Golden Dome”.
A nivel fiscal, el proyecto establece nuevas deducciones temporales, como la eliminación de impuestos sobre propinas y pagos por horas extra, así como exenciones en intereses de préstamos para vehículos fabricados en Estados Unidos.
También se contempla la extensión permanente de los recortes impositivos aprobados en 2017, con un costo proyectado superior a los 2 billones de dólares en la próxima década.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que el plan general aumentará el déficit en al menos 3.3 billones en ese mismo periodo.
Entre las medidas sociales más controvertidas se encuentra la modificación de Medicaid, programa del cual se estima que más de 7 millones de personas perderán cobertura en los próximos diez años.
Los cambios incluyen nuevos requisitos de trabajo, verificaciones periódicas de elegibilidad y desincentivos para la cobertura a menores migrantes no autorizados.
Asimismo, se proponen restricciones en el acceso a cupones de alimentos (SNAP), lo que podría reducir su cobertura y transferir más responsabilidades financieras a los gobiernos estatales.
El proyecto también propone eliminar beneficios fiscales relacionados con energías renovables y vehículos eléctricos, al tiempo que impulsa mayores facilidades para proyectos de combustibles fósiles.
Las familias podrían acceder a nuevos vales educativos para costear estudios fuera del sistema público, mientras que algunas universidades privadas enfrentarían gravámenes por grandes fondos de dotación.
La propuesta aún debe ser aprobada en el Senado, donde se anticipan cambios. De ser modificada, ambas cámaras deberán negociar un texto final antes de enviarlo al presidente para su promulgación.
El Departamento del Tesoro ha advertido que es urgente avanzar con la aprobación de este paquete legislativo, ya que el país podría alcanzar su límite de deuda en agosto próximo.
