El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a México una revisión bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC por una posible violación a los derechos sindicales en la empresa Liber Gennesys Group y sus afiliadas, con sede en Tijuana, Baja California.
La petición, presentada por el Sindicato de Transportistas de la Cadena de Suministro (SITRABICS) y la organización Rethink Trade, alega que la compañía ha incurrido en actos de intimidación, acoso y despidos en represalia contra trabajadores que intentan organizarse y ejercer su derecho a la libertad de asociación.
El caso fue analizado por el Comité Interinstitucional Laboral para la Supervisión y el Cumplimiento (ILC), presidido por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y el Secretario de Trabajo.
Tras una revisión preliminar, las autoridades estadounidenses determinaron que existen pruebas “suficientes y creíbles” para invocar el mecanismo de cumplimiento contemplado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en vigor desde 2020.
La solicitud fue enviada oficialmente el 15 de julio y México tiene un plazo de 10 días para aceptar o rechazar la revisión. En caso de aceptación, el gobierno mexicano deberá llevar a cabo una investigación a fondo y presentar sus conclusiones en un máximo de 45 días.
La revisión se centrará en verificar si la empresa de transporte transfronterizo ha vulnerado los derechos de sus trabajadores a afiliarse libremente a un sindicato y a participar en negociaciones colectivas, como establece tanto la legislación mexicana como los compromisos internacionales adquiridos en el T-MEC.
Según la petición, Liber Gennesys habría desplegado una estrategia de presión sistemática para evitar el avance de SITRABICS, sindicato independiente que intenta representar a los trabajadores de la compañía.
Entre las prácticas denunciadas se incluyen despidos injustificados de empleados activos en el movimiento sindical, actos de hostigamiento laboral y restricciones para que el sindicato pueda tener acceso al lugar de trabajo.
Las organizaciones peticionarias subrayan que el caso no es aislado y refleja un patrón más amplio de resistencia patronal a los nuevos modelos de democracia sindical promovidos en México a raíz de la reforma laboral de 2019.
Para el gobierno estadounidense, este proceso representa una prueba del compromiso regional con los principios laborales que dieron sustento político al nuevo acuerdo comercial norteamericano.
Aunque Liber Gennesys no ha emitido una postura pública, fuentes cercanas a la industria de transporte en Tijuana advierten que el caso podría tener implicaciones significativas para otras compañías del sector que operan en el comercio transfronterizo.
La región, estratégica para la logística entre México y Estados Unidos, ha sido objeto de creciente escrutinio por parte de los mecanismos laborales del T-MEC en los últimos dos años.
De confirmarse la existencia de violaciones, el caso podría derivar en medidas correctivas obligatorias, sanciones económicas o restricciones comerciales contra la empresa. Mientras tanto, los ojos están puestos sobre la respuesta del gobierno mexicano, que deberá demostrar si las reformas laborales en curso se traducen en una protección efectiva de los derechos sindicales en la práctica.