CHICAGO — Un amplio bloque de organizaciones comunitarias, clientes e iglesias de Chicago e Illinois realizó este domingo una serie de manifestaciones frente a tiendas de AT&T, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la relación comercial de la compañía con agencias federales responsables de operaciones de detención y deportación. De acuerdo con los convocantes, las protestas buscaron visibilizar el impacto reputacional y financiero que estos acuerdos podrían generar para la empresa en plena temporada de compras.

Las acciones se llevaron a cabo en 17 puntos del área metropolitana y del resto del estado, con una participación estimada en unas mil personas, según The People’s Lobby, ONE People’s Campaign, People’s Action y la Red de Defensa Unitaria Universalista de Illinois. Los organizadores hicieron un llamado a los consumidores a no comprar ni renovar productos o servicios de AT&T hasta que la compañía reevalúe sus contratos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Portavoces de las organizaciones, entre ellos Sulma Arias, de People’s Action, y Lina Avalos, de The People’s Lobby, afirmaron que la empresa obtiene beneficios de acuerdos multimillonarios con agencias que aplican políticas de control migratorio agresivas, a la vez que se beneficia de recortes tributarios aprobados en la reforma fiscal de 2017. De acuerdo con estimaciones de los grupos convocantes, la compañía ahorrará alrededor de 8 mil millones de dólares en tres años debido a la extensión de dichas reducciones de impuestos.

El senador estatal Robert Peters también criticó públicamente la relación de la empresa con las agencias federales, señalando que las corporaciones deben ser responsables de los efectos sociales derivados de sus contratos gubernamentales. Representantes sindicales, como Jackson Potter, vicepresidente del Sindicato de Maestros de Chicago, añadieron que AT&T debería reinvertir más en las comunidades locales y cumplir sus obligaciones fiscales para apoyar servicios municipales y programas sociales.

El conjunto de organizaciones también presentó una herramienta digital —disponible en inglés y español— para que clientes potenciales comuniquen directamente al director ejecutivo de AT&T, John Stankey, su intención de no adquirir nuevos servicios hasta que la compañía reconsidere sus acuerdos con DHS, ICE y CBP.

Aunque el impacto inmediato en el mercado es difícil de cuantificar, las presiones reputacionales y las campañas de consumidores pueden influir en las estrategias comerciales de grandes corporaciones, especialmente en sectores altamente competitivos como el de telecomunicaciones. La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las manifestaciones y los cuestionamientos a sus relaciones con el gobierno federal.