SAN DIEGO.— Mientras el gobierno federal reporta 196,600 procesos de deportación iniciados, más de 14,400 personas referidas a ICE y 2,400 detenciones realizadas en oficinas migratorias como parte de lo que define como los “logros” del sistema migratorio en 2025, en San Diego estas cifras han comenzado a traducirse en arrestos inesperados de inmigrantes durante entrevistas de tarjeta verde, incluso de personas sin antecedentes criminales que acudían a completar trámites legales para regularizar su estatus.
Desde mediados de noviembre, agentes de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) han detenido a solicitantes de residencia permanente dentro de la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en San Diego, una práctica que abogados de inmigración califican como inusual y alarmante, y que ha provocado temor entre familias que buscan permanecer en el país por vías legales, de acuerdo con reportes de NBC 7 San Diego.
Familias y testigos describen escenas inquietantes: personas detenidas al concluir entrevistas que representaban el último paso del proceso de residencia, algunas de ellas acompañadas por hijos menores. En al menos dos casos documentados, los arrestos involucraron a inmigrantes europeos —un hombre originario de Alemania y una mujer del Reino Unido— ambos sin historial criminal y con procesos de residencia en curso.
“Tres hombres con máscaras, chalecos antibalas y armas entraron y dijeron que iban a arrestar a Tom”, relató Audrey Hestmark, esposa de Tom Bilger, detenido tras su entrevista. “Nos dijeron que tenían una orden, no mostraron identificaciones y se lo llevaron esposado. No pude seguirlos. No supe a dónde lo llevaban”.
Un escenario similar vivió Stephen Paul, cuyo esposa fue arrestada mientras sostenía a su hijo de casi seis meses. “Tuvimos que quitarle el bebé de los brazos a su madre mientras lloraba”, contó. “Habíamos hecho todo correctamente. Nuestros abogados nos dijeron que el sobretiempo de visa suele ser perdonado durante el proceso de la green card”.
Ambas familias aseguran que sus casos ingresaron por vías legales, sin cargos penales, y que siguieron recomendaciones legales tradicionales. Aun así, tras los arrestos, pasaron horas sin información, con los detenidos retenidos inicialmente en el sótano del edificio federal y posteriormente trasladados al Centro de Detención de Otay Mesa, sin haber sido procesados formalmente.
Estas detenciones coinciden con datos federales que muestran que la mayoría de los arrestos migratorios en la región no están vinculados a delitos penales. Según cifras de inewsource, hasta octubre de 2025 se realizaron casi 5,000 arrestos de ICE en los condados de San Diego e Imperial, y el 58 % de las personas detenidas no tenía antecedentes criminales, sino violaciones administrativas, como estadías prolongadas o trámites incompletos.
Para abogados y defensores, el mensaje es disuasivo. “Detener a personas durante citas legales erosiona la confianza en el sistema y desalienta a las familias a presentarse a procesos que buscan precisamente regularizar su situación”, señalaron organizaciones comunitarias, que reportan un aumento de consultas de emergencia por temor a separaciones familiares.
ICE, consultado por NBC 7 sobre estos casos específicos, respondió que la agencia “está comprometida con la aplicación de la ley migratoria” y que las personas sin estatus legal “pueden enfrentar arresto, detención y remoción incluso en instalaciones federales”. Ante preguntas posteriores, la agencia reiteró el mismo posicionamiento.
Los arrestos ocurren en paralelo a una expansión de las facultades coercitivas reportadas por USCIS en su boletín anual de 2025: 29,000 investigaciones por presunto fraude, 196,600 Notificaciones de Comparecencia, la cancelación de programas humanitarios y de reunificación, la reducción de permisos laborales y el endurecimiento de procesos de naturalización.
Aunque el informe oficial presenta estas acciones como una defensa del interés nacional y la integridad del sistema, los casos documentados en San Diego exponen el costo humano de esa estrategia: bebés separados de sus madres, hogares sin sustento económico y familias atrapadas en un limbo legal tras acudir voluntariamente a cumplir con la ley.
“Nadie quiere ver a familias destrozadas así”, dijo Paul, señalando a su hijo. “No puedes mirarlo y pensar que está bien quitarle a su mamá”.
Mientras el gobierno federal exhibe números récord en detenciones y procesos, la experiencia de estas familias plantea una pregunta de fondo que no aparece en los informes oficiales: si el endurecimiento migratorio está combatiendo el fraude o si está castigando, de forma indiscriminada, a quienes intentaron hacer las cosas bien.