Otorgar licencias de conducir a los beneficiarios de la llamada acción diferida ha provocado controversia a nivel nacional después de que varios estados, como Iowa o Carolina del Norte, se negaran a emitirlas.

En el caso de Iowa, el Departamento de Transporte local se negó a otorgar las licencias, bajo el argumento de que el programa de acción diferida, que beneficia a ciertos jóvenes que llegaron a Estados Unidos sin estatus legal antes de los 16 años, es “un ejercicio de la discreción de la fiscalía” y no “un permiso legal para vivir y trabajar en el país”.

Según Brenna Findley, abogada en jefe de la oficina del gobernador Terry Branstad, por ese motivo es “poco probable” que el gobierno de Iowa reconsidere la situación, dejando sin licencias a unos 5.000 jóvenes que ya recibieron la acción diferida.

En Carolina del Norte, el fiscal estatal Roy Cooper respaldó el otorgamiento de las licencias a quienes se beneficien con la acción diferida. Sin embargo, según informó J. Eric Boyette, comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados, esa repartición oficial todavía estaba “en proceso de revisar” la decisión de Cooper, que podría llevar a que unos 180.000 indocumentados reciban licencias.

En Iowa, funcionarios públicos, legisladores y activistas comunitarios intensificaron sus gestiones a favor del otorgamiento de licencias, pidiendo que la gobernación local revierta la decisión de no conceder esas licencias.

Las acciones comunitarias comenzaron luego de que se hiciese pública una carta que los miembros de la Oficina de Asuntos Latinos del Departamento de Derechos Humanos enviaron al gobernador Branstad, solicitándole que se reconsiderase la negativa de darles licencias de conducir a los jóvenes beneficiados por el programa de acción diferida (DACA, en inglés).

En su carta, los miembros de la mencionada oficina pidieron reunirse con el mandatario estatal, expresando que la decisión del Departamento de Transporte de Iowa de no otorgar las licencias está “equivocada” y “complica la vida” para aquellas personas que fueron traídas de niños a Estados Unidos sin los documentos correspondientes, pero que ahora viven y estudian en este país.

Por su parte, dos legisladores estatales, Guy Vander Linden y Dave Heaton, ambos republicanos, cuestionaron por separado en declaraciones a los medios locales la decisión de Paul Trombino, director del Departamento de Transporte Público de Iowa, de negar las licencias.

Según Heaton, la acción diferida significa que “esas personas están temporalmente autorizadas a vivir aquí”, por lo que deberían “recibir la licencia de conducir aquí en el estado”.

Y Vander Linden que el Comité de Revisión de Reglas de la legislatura local analizase la decisión de Trombino, aseverando que sin las licencias los jóvenes inmigrantes no podrán ir a trabajar o a la escuela. Además, dijo, “se socava la seguridad de todos”.

Para Vander Linden, el Departamento de Transporte de Iowa “se está entrometiendo con políticas migratorias”, algo que, en opinión del legislador, no debería suceder.

Dos legisladores demócratas, el senador estatal Steve Sodders y el representante estatal Mark Smith indicaron que presentarán sendos proyectos para que, en caso de que el gobernador Branstad no intervenga, la legislatura considere modificar las leyes locales sobre licencias de conducir.

Tanto Sodders como Smith provienen de distritos como Marshalltown, donde casi la cuarta parte de la población es de origen hispano.

Aprovechando la celebración del Día de Martin Luther King Jr., en homenaje al dirigente afroamericano que luchó por los derechos de las minorías, el Comité de Servicio de Amigos Americanos (AFSC, en inglés) convocó el lunes pasado marchas frente a las oficinas del Departamento de Transporte en Des Moines, Iowa City y Waterloo.

Y también hubo ese mismo día una movilización organizada por los Aliados de los Inmigrantes de Marshalltown.

“Se trata de convocatorias pacíficas para pedirle al director Trombino que cambie su opinión”, dice el comunicado de AFSC.

EFE

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