Un grupo bipartidista tratará de conseguir lo que nadie ha podido en las últimas dos décadas: derrotar en las urnas al controvertido alguacil del condado de Maricopa (Arizona), Joe Arpaio, al iniciar un proceso de destitución en su contra.

«Creemos que no se ha hecho justicia. El alguacil Arpaio no se ha hecho responsable de sus actos, ha hecho mucho daño a la comunidad hispana, el condado ha pagado millones de dólares en demandas presentadas en su contra», dijo a Efe Randy Parraz, miembro del grupo Respect Arizona, que inició los trámites para lograr su destitución.

En su opinión, en las últimas elecciones efectuadas el pasado mes de noviembre, Arpaio logro «evadir» la presión electoral debido a que la atención se concentró en otras contiendas políticas, como la del nuevo senador federal.

Arpaio, de 80 años, fue electo por primera vez como alguacil del condado de Maricopa en 1992 y desde entonces ha sido reelegido en seis ocasiones consecutivas.

Sin embargo, su popularidad ha decaído entre los electores del condado y en la elecciones de noviembre apenas ganó al demócrata Paul Penzone con el 51,5 % de los votos, el porcentaje más bajo en su carrera política.

Tras presentar la documentación exigida ante el Departamento de Elecciones del condado de Maricopa, el grupo Respect Arizona debe ahora reunir 335.317 firmas de votantes registrados en el condado de Maricopa antes del próximo 30 de mayo.

En caso de que Respect Arizona logre alcanzar esta cifra, la elección especial para destituir a Arpaio podría llevarse a cabo en noviembre próximo.

«Sabemos que no será un proceso fácil, ningún esfuerzo de destitución es fácil, pero tampoco es imposible», enfatizó Parraz.

En 2011, el grupo Ciudadanos para una Mejor Arizona recaudó las firmas suficientes para iniciar un proceso de destitución contra del entonces líder del Senado estatal, el republicano Russell Pearce, que era uno de los políticos de mayor influencia en el estado.

Pearce, quien para muchos era el «rostro» del sentimiento antiinmigrante en Arizona, impulsó diferentes leyes estatales contra los indocumentados que todavía se encuentran vigentes, como la controvertida ley SB1070, la prohibición de dar licencias de conducir a «sin papeles» o la que penaliza a los negocios que los contratan.

Parraz explicó que el mecanismo será similar al que se utilizó para iniciar el proceso de destitución de Pearce y que, para lograr las firmas necesarias, contarán con un grupo de voluntarios.

A pesar de esta ayuda, el activista reconoció que el dinero será un factor fundamental en el proceso, pues el alguacil republicano cuenta con un gran apoyo financiero por parte de individuos y grupos dentro y fuera de Arizona, como quedó patente durante su última campaña, en la que gastó cerca de ocho millones de dólares.

Conocedor del peligro que corre con este proceso, Arpaio envió inmediatamente un mensaje a sus seguidores pidiendo apoyo económico para acabar con esta campaña, iniciada por «un grupo radical de extremistas».

«Sabemos que Arpaio busca el apoyo de todos ‘sus amigos’, utilizando la carta del tema migratorio», aseguró Parraz, que aseguró que Respect Arizona también buscará fondos para financiar su esfuerzo.

Arpaio es considerado por muchos activistas que trabajan a favor de la comunidad inmigrante en Arizona, particularmente en el condado de Maricopa, una amenaza para la comunidad indocumentada.

La oficina del alguacil es la única agencia estatal que aplica la ley estatal anticoyote, que penaliza a los indocumentados que aceptan haber pagado dinero a traficantes para ser traídos de manera ilegal al país.

Arpaio, que enfrenta una demanda del Departamento de Justicia federal por prácticas de perfil racial en contra de hispanos, también es el único en llevar a cabo constantes redadas en negocios locales, donde arresta a indocumentados que utilizan documentos falsos para trabajar.