La población carcelaria de Estados Unidos aumentó casi un 430 por ciento entre 1979 y 2009, y cerca del 30 por ciento de los nuevos ingresos en el sistema penitenciario son por cruzar la frontera, informó el 6 de mayo la organización Human Rights Watch (HRW) en un reportaje de 36 páginas.

En su informe “Un país entre rejas: una solución de derechos humanos”, la organización humanitaria denunció las “políticas de justicia penal punitiva” que han hecho de Estados Unidos el país con la tasa declarada de encarcelación más alta del mundo.

Por, la agrupación pide “reformar las sentencias penales excesivamente rigurosas” que existen en la nación.

Human Rigths Watch señala que, a lo largo de los últimos 30 años, el número de prisioneros en las cárceles federales ha crecido un 720 por ciento, mientras que en las estatales se ha incrementado en un 240 por ciento.

Más de la mitad de los prisioneros sentenciados a un año de cárcel o más, el 53,4 por ciento, cumple condenas por crímenes no violentos y uno de cada nueve convictos (alrededor de 159 mil en total) está condenado a cadena perpetua.

Asimismo, más del 40 por ciento de todos los procesos penales federales y casi el 30 por ciento de los ingresos en prisión son por delitos de “entrada y reingreso ilegal” al país, apunta HRW.

La organización también critica que el encarcelamiento de inmigrantes “a menudo afecta a las personas que tratan de reunirse con sus familias en Estados Unidos o que huyen de la persecución”.

Además, el grupo destaca la desigualdad racial en las condenas a prisión: por cada 100.000 habitantes de cada grupo de raza y sexo, hay en la cárcel 3.023 hombre negros, 478 hombre blancos, 129 mujeres negras y 51 mujeres blancas.

Human Rights Watch también detecta “pasos en la dirección correcta” como que el Congreso estadounidense contemple una reforma para incrementar la discreción judicial y así reducir ciertas sentencias por drogas o que la Administración del presidente Barack Obama haya pedido a los fiscales que evite los cargos a traficantes a pequeña escala.

“Hay un creciente reconocimiento a nivel nacional de que las leyes desproporcionadamente duras no son necesarias para proteger la seguridad pública y asegurar que los delincuentes rindan cuentas por sus delitos”, afirmó Jamie Fellner, coautora del informe y asesora sénior del programa sobre Estados Unidos de HRW, en un comunicado.

Sin embargo, para la organización humanitaria, Estados Unidos tiene “más camino por recorrer”.

En este sentido, instan a los legisladores estadounidenses a que reformen las leyes que impiden a los jueces adaptar las penas al delito individual y que se aseguren de que el derecho penal no esté sesgado por su contenido o ejecución en contra de cualquier grupo racial, étnico o religioso.

También reclaman que se reduzcan o eliminen las sanciones penales para las personas que han incumplido las leyes de inmigración, especialmente aquellas cuyo único delito ha sido entrar al país sin documentos legales, y que se garantice que los adolescentes sean tratados de una manera apropiada a su edad.

EFE

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