LOS ÁNGELES.- Un grupo de expertos en derecho internacional sugiere que los países centroamericanos generadores del éxodo de menores capturados en la frontera sur de Estados Unidos se declaren en “crisis humanitaria”, para que la ONU pueda desplegar sus mecanismos de asistencia y protección internacional.

Según señaló a Efe Félix Ulloa, consultor de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador deben hacer un reconocimiento oficial de que el éxodo de niños se debe “a la violencia incontrolada en sus comunidades” y calificar la fuga masiva de menores como una “crisis humanitaria” para que la ONU pueda intervenir.

Ulloa, representante del Instituto Salvadoreño del Inmigrante (INSAMI), estimó que los mandatarios de estos países deben extender también una propuesta concreta sobre cómo ayudar a los menores que se encuentran refugiados en albergues de Estados Unidos, y los que presumiblemente seguirán huyendo, mientras no se resuelva la violencia en sus países.

“Los niños y jóvenes detenidos en EE.UU. expresan que emigran porque han sido amenazados si no se integran a pandillas, sus familiares están siendo extorsionados o asesinados, y que ellos tienen miedo de que los maten también”, relató el especialista.

Ulloa es un conocedor de los mecanismos de la ONU para proteger a refugiados y exiliados no solo por su especialización como jurista internacional, sino también por haberse acogido a esta figura en 1980 cuando emigró a México, tras el asesinato de su padre por fuerzas paramilitares de El Salvador.

El experto será uno de los integrantes de la comitiva que presentará “la iniciativa de la sociedad civil estadounidense” en torno a esta problemática en la próxima “Conferencia Regional para las Migraciones”, que se desarrollará entre el 24 y el 27 de junio en Managua, Nicaragua.

Otro de los que acudirá a esta cita será el director ejecutivo de la organización El Rescate de Los Ángeles, de California, Salvador Sanabria, quien también resaltó que la violencia que sufren estos países debería activar los mecanismos de protección amparados en la Declaración de los Derechos del Niño suscrito por los estados miembros de la ONU.