SACRAMENTO, CA.- Una iniciativa que contempla cambios a la Ley que rige a las Escuelas Charter fue presentada por legisladores de California y es respaldada por organizaciones que agrupa a educadores del estado
De acuerdo con la propuesta legislativa, estas modificaciones al Estatuto Escolar de las Charter considera tener un mayor control, supervisión, responsabilidad y transparencia sobre el manejo del presupuesto, y garantizar un acceso más justo e igualitario a todos los estudiantes.
Se indica en la exposición de motivos de la iniciativa que estos son cambios que buscan mejorar y actualizar un sistema educativo que inició hace 23 años, y que se ha extendido de manera inusitada en las comunidades del estado de California.
Los legisladores Mark Leno (D-San Francisco), Tony Mendoza (D-Artesia), Roger Hernández (D-West Covina) y Mike Gipson (D-Carson), precisan que lo primordial es asegurar la rendición de cuentas de los fondos públicos
En las iniciativas presentadas ante los miembros de la asamblea estatal, también se fortalecen a los empleados sindicalizados de las escuelas Charter.
Por ello la medida fue aplaudida por las organizaciones: California Teacher Association , CTA, (Asociación de Maestros de California), California Federation Teacher (Maestros de la Federación de California) y California Labor Federation (Federación del Trabajo de California).
Se dio a conocer que la Ley de 1992 que regula la operación de las Escuelas Charter en California fijó una cifra tope de 100 planteles educativos para el arranque de este plan educativo, pero en la actualidad hay más de 1,100 y la ley no se ha mantenido al día frente a este vertiginoso crecimiento.
“Es muy importante para los niños de California, que todas las escuelas públicas cumplan con los más altos estándares educativos para que puedan tener éxito académico”, consideró el senador Tony Mendoza, uno de los asambleístas que promovieron esta iniciativa.
Por su parte, el asambleísta Mike Gipson sostuvo que “aunque las escuelas Charter son entidades de propiedad privada, no pueden ser exentos de la rendición de cuentas que se requiere de los responsables de la educación de nuestros hijos, pues las familias tienen derecho a saber cómo se manejan sus escuelas, y nuestro estado merece un sistema educativo que se encuentre libre de ventajas injustas y de doble moral, por eso la AB 709 es tan crucial”.
La iniciativa fue presentada con base a las propuestas AB 709 (Gipson), AB 787( Hernández), SB 322 (Leno) y SB 329 (Mendoza).
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