El Centro de Detenciones en Otay Mesa, cerca de la frontera, es una empresa privada a la que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene que entregar numerosos indocumentados y residentes legales detenidos para cubrir una cuota que tenga casi permanentemente ocupada la capacidad de cientos de personas, pero ahora California se dispone a inspeccionar por primera vez las condiciones de esa instalación.
Hasta ahora el centro que administra la empresa privada CoreCivic, antes conocida como Corporación de Correccionales de América (CCA) se ha librado de revisiones oficiales, excepto por una que efectuó hace un par de años la Oficina del Inspector General (OIG), una división de asuntos internos del gobierno federal.
Ingresar al centro en Otay es más complicado y riguroso que pasar, por ejemplo, a la corte federal de San Diego.
Hay un alambrado similar al de un campo de concentraciones excepto en la entrada, para ingresar, hay que anunciarse pro interfono, esperar a ser aceptado y entonces se abre una primera puerta pesada y blindada que se cierra en cuanto el visitante pasa. Ya cerrada esa puerta, se abre otra igual.
La persona se registra, entra sin zapatos, sin cinturón, lentes, cualquier metal, y según en inspector en turno, sin libreta para apuntes, por supuesto sin bolígrafo, y sin nada adicional.
Hay que registrarse y esperar en una sala para pasar por otras puertas, también pesadas y blindadas.
Es como resguardar un valioso tesoro, excepto porque se trata de mantener encerrados a los inmigrantes, con cargo al gobierno federal por cada mecanismo de puertas, revisiones y vigilancias.
Hasta hoy, el centro en Otay podría ampliarse si la empresa llegara a un acuerdo con la ciudad de San Diego de pagarle por extender la instalación.
Pero el procurador general de California, Xavier Becerra, informó que ya no va a ser posible y los centros de detenciones en todo el estado van a ser inspeccionados, por primera vez, por el departamento de Justicia de California.
Por iniciativa del senador Ricardo Lara, “por primera vez se prohíbe a las ciudades y condados celebrar contratos para detener a inmigrantes o menores no acompañados y se prohíbe ampliar los contratos existentes para tener más gente”.
Las prisiones privadas en California continuarán bajo contrato con el ICE y el gobierno federal pero desde ahora ya no con los gobiernos locales de California.
Su propuesta ya fue aprobada en la asamblea estatal y concede al procurador Becerra el derecho y la responsabilidad de supervisar las cárceles privadas.
La decisión de California se presenta cuando la administración del presidente Donald Trump planea impulsar la capacidad de las cárceles privadas en el país y ha enviado 50 jueces de migración adicionales a centros de detenciones y cárceles federales en la frontera.
Al centro de Otay llegaron, en fecha reciente,dos magistrados de migración adicionales; apenas otros dos había llegado unas semanas antes.
Es el primer estado que se opone a los planes de la administración Trump para amplair cárceles privadas y el procurador dijo que California mantendrá su decisión incluso si ningún otro estado se une.
“Tenemos el derecho , de hecho tenemos una obligación, de asegurarnos de que la gente tenga el trato y el respeto que cualquiera de nosotros esperaría bajo la ley”, declaró el procurador.
Manuel Ocaño / Ellatinoonline.com