La señora Teresa García dice que no puede dormir por la angustia de saber que en cualquier momento las autoridades podrían llegar a ordenarle que desaloje su vivienda en Tucson, o de lo contrario agentes del sheriff sacarían sus cosas a la calle y ya no la dejarían regresar.

“Desde que comenzó la pandemia, para mí ha sido muy difícil”, dijo la señora en charla telefónica con El Latino. 

“Tenía un trabajo de medio tiempo con que cubría la mayoría de los gastos fijos, y me ayudaba limpiando casas, pero el trabajo cerró y las casas escasearon, así que vengo arrastrando deuda del departamento desde el año pasado”, explicó.

La madre de dos niñas de 6 y 8 años teme que la echen a la calle y carece de recursos para volver a rentar.

“No hemos dormido bien, ni hemos estado en paz por esta situación; temo que encima nos vamos a enfermar por el estrés”, confesó.

La señora mexicana naturalizada estadunidense es una de once millones de inquilinos que se retrasaron en pagos de rentas en lo que va de la pandemia y enfrentan posibles desalojos, de acuerdo con cifras de la Oficina del censo.

Unos cuatro millones de inquilinos, en su mayoría latinos y en menos cantidad afroamericanos, enfrentan potenciales desalojos entre agosto y septiembre, según la misma oficina.

Algunos economistas temen la situación que se convierta en una crisis de indigencia en medio del rebrote del coronavirus pro la variante Delta.

La presión social se debe a que con el mes de julio terminó una moratoria a desalojos de vivienda por la pandemia en todo el país.

Cuando la pandemia llevó al desempleo a cerca de 30 millones de estadunidenses, Trump se basó en una recomendación del Centro nacional para el Control de las Enfermedades (CDC) para ordenar que se detuvieran los desalojos por falta de pagos de vivienda, pues podrían exacerbar la pandemia.

Pero la moratoria concluyó y ahora el CDC carece de autoridad para ordenar que siga la moratoria.

Solo el congreso podría resolver la situación y se fue de vacaciones sin prever el problema.

La universidad de California en Berkeley advirtió que la solución ya no puede ser que los propietarios de unidades de renta asuman la deuda de sus inquilinos, pues la mayoría ha tenido que pedir préstamos para sustituir los ingresos que debieran tener por la renta de sus propiedades.

Sin embargo, para la Casa Blanca es una situación que prevenirse. 

En febrero la administración del presidente Joe Biden autorizó fondos por $46,500 millones de dólares para ayudar a inquilinos atrasados en pagos por la pandemia, y de ese dinero se ha utilizado cerca del 10 por ciento.

La mayoría de los inquilinos, como la señora García en Tucson, se han venido a enterar hasta ahora, y siguen sin conocer los trámites que deberían de hacer para tener esa ayuda, aunque “me parece que ya es muy tarde” para esa solución, dijo la señora.

Una analista del Centro de Políticas y Prioridades Presupuestales, Alicia Mazzara, dijo que así como la pandemia impactó desproporcionalmente a los latinos, quienes sufrieron mayor desempleo y contagios, también los desalojos van a perjudicar más a los latinos.

Solo unos cuantos estados tienen prohibiciones estatales de desalojos en vigor durante unos meses y ayuda financiera para pagar vivienda a perjudicados por la pandemia, entre ellos California.