T
odas las organizaciones civiles de San Diego que defienden el derecho al asilo consideraron que será devastador que reinicie el programa que durante el gobierno de Donald Trump obligó a permanecer en la frontera de Tijuana a unos 14,000 migrantes, 69,000 en toda la frontera mexicana.
La organización que ofrece asesoría legal y refugio en San Diego a las familias que buscan asilo, Servicios Familiares Judíos o Jewish Family Services (JFS) en inglés, declaró que es inhumano que se reinicie ese programa.
“El restablecimiento de la abominable política conocida como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), es devastador”, dijo Michael Hopkins, director ejecutivo de JFS.
Calificó ese programa también conocido como “permanecer en México” como “cruel e inhumano”.
JFS representa a docenas de organizaciones del condado de San Diego que apoyan a los migrantes que buscan asilo y a los refugiados.
De acuerdo con Hopkins, Hopkins. El restablecimiento del programa “obligará a muchos a los migrantes a esperar en condiciones de vida peligrosas durante un período de tiempo impreciso mientras esperan ejercer su derecho humano y legal a buscar asilo”.
La organización Human Rights First informó por su parte que en lo que va de la administración del presidente Joe Biden y hasta el 21 de junio, 3,250 migrantes fueron secuestrados y víctimas de ataques, violación, trata de personas y asaltos armados violentos en la frontera mexicana.
La abogada litigante de la organización Al Otro Lado, Erika Pinheiro, declaró que enviar a los solicitantes de asilo a situaciones de peligro en la frontera sin un plan para apoyarlos y sin fechas de audiencia es “una parodia de justicia”.
Dijo que MPP representa un desdén al derecho a solicitar asilo que tienen los migrantes.
Esa organización de ayuda legal a solicitantes de asilo dijo, de seguir sin declarar ilegal MPP, la administración Biden desafía el derecho internacional al asilo y su propia política de derechos humanos.
El programa será restaurado en la frontera luego de una votación por mayoría de la Corte Suprema de la nación.
El presidente Joe Binde canceló el programa el mismo día en que asumió la presidencia, el 20 de enero; en junio el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, lo terminó oficialmente.
Los fiscales de Texas y Misuri, con gobiernos anttinmigrantes, demandaron a la administración Biden porque, argumentaron, terminó MPP de una manera inadecuada, debió informar antes a las agencias involucradas en ese programa.
Un juez de Texas que instauró Trump decidié en favor de los fiscales demandantes y dio a la administración una semana para apelar. La Corte de Apelaciones reafirmó la decisión de ese juez y la administración llevó el caso a la Corte Suprema, donde también fue reafirmado el juez.
Luego de la decisión de la Suprema Corte, la administración Biden inició negociaciones con México para volver a implementar ese programa de la era de Trump.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el fin de semana que aceptada que reiniciara el programa pero advirtió que “no puede ser para siempre”.